En España hay 44.000 niños a cuyos padres han quitado la tutela meros funcionarios de los Servicios Sociales

En España hay 44.000 niños a cuyos padres han quitado la tutela no magistrados o jueces sino ¡meros funcionarios de los Servicios Sociales! Tal es el inusitado poder omnímodo del que gozan y que puede llevar a separar y destruir familias con decisiones manifiestamente injustas no tuteladas judicialmente. De hecho hay funcionarios que consideran razón suficiente para ello no solo la falta de recursos económicos sino también la negativa de unos padres a vacunar a sus hijos, ofrecerles dietas vegetarianas o llevarles a profesionales de salud alternativos además de a médicos convencionales. Algo que avalan las comunidades al pagar 4.000 euros por niño enviado a centros de tutela -algunos de los cuales dejan mucho que desear- que pueden ser públicos o privados. Al menos así lo afirma la Asociación para la Defensa del Menor (APRODEME).

La Asociación para la Defensa del Menor (APRODEME) -entidad que representa a más de 800 padres y madres de toda España a quienes la Administración ha retirado la tutela de sus hijos- ha denunciado el sistema de protección de menores que rige en nuestro país ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Defensor del Pueblo de Cataluña (el Síndic de Greuges) y el Parlamento Europeo y va a hacerlo en breve ante la Fiscalía General del Estado. Y es que según afirman no paran de recibir a diario llamadas de padres desesperados a los que les han arrebatado a sus hijos y ven impotentes cómo son a menudo internados en centros de forma arbitraria ya que muchas veces ni siquiera se acepta que pasen a vivir con sus abuelos o tíos. De hecho acusan a la Administración de ningunearles y hasta de violar los derechos de los menores además de los suyos. Y es que muchas familias están viviendo en España situaciones inverosímiles por una simple y vergonzosa razón: la palabra de los funcionarios de los Servicios Sociales tiene más crédito que la de los padres. Y eso que a menudo dan injustificado crédito a las meras sospechas de terceras personas cuando no a llamadas anónimas cuya intencionalidad no se valora ni investiga adecuadamente.

No se está pues criticando la necesidad de proteger a los menores de los abusos de padres que no respetan ni a sus propios hijos sino de los cada vez más frecuentes abusos de poder por parte de unos funcionarios a los que la Administración ha dotado de unas prerrogativas que solo deberían estar en manos de jueces y magistrados. Y es que el español es un sistema que según APRODEME se caracteriza por:

  1. Un exceso de discrecionalidad por parte de funcionarios que a veces actúan de forma coercitiva y prevaricadora generando a los padres indefensión en fase administrativa.
  2. Una protección judicial tardía.
  3. La irreversibilidad de muchas situaciones no ajustadas a derecho.
  4. El sufrimiento físico y psicológico de los menores separados de sus padres.
  5. La existencia de intereses económicos tras los procesos de tutela.

En suma, ¿cómo es posible que según datos oficiales haya en España 44.000 menores de edad separados de sus padres? ¿Es creíble que haya tantos en riesgo de peligro inminente, sea éste físico o psicológico?

DEMASIADO DOLOR E IMPOTENCIA

A Paz los servicios sociales de Asturias le quitaron a su hijo afirmando que sufría «malos tratos» ya que «no le alimentaba bien» al restringirle el consumo de ciertos alimentos cuando su hijo sufre Síndrome de Asperger -trastorno del espectro autista- y es celiaco. Es más, los funcionarios le niegan la posibilidad de que lleve a su hijo a terapias no convencionales. ¿El resultado? Está en un centro de menores siendo alimentado sin tener en cuenta tales problemas y de ahí que haya iniciado una campaña en change.org para que su hijo pueda seguir el Programa para la Atención Médica Integral de los pacientes con Trastorno del Espectro Autista (AMI-TEA) del Servicio de Psiquiatría del Niño y el Adolescente del Hospital General Gregorio Marañón.

A Santiago y Renate, por su parte, les arrebataron durante seis meses a un hijo tras ser acusados falsamente de abusos sexuales. Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón alegaron durante la vista judicial que no existían pruebas de ello y que los hechos no se habían investigado de forma adecuada por lo que la causa se archivó y el niño fue devuelto a sus padres… pero a los culpables de este drama familiar nadie les pidió responsabilidades.

A Sergio, en Cataluña, le apartaron en 2008 de sus hijas por presuntos malos tratos… ¡y cinco años después se demostró que la acusación era falsa!

A Ferdinand y Monike les arrebataron en Cantabria a su hijo por presunto maltrato pero tres años después de que los servicios sociales decretaran su «desamparo» se demostró judicialmente que no era verdad.

A Pilar, en Baleares, le quitaron a dos de sus cuatro hijas cuando fue a solicitar ayuda económica a los servicios sociales ¡porque no tenía trabajo! Hoy tiene trabajo… pero no ha recuperado a sus hijos.

A Luis y María, en Cantabria, les quitaron a su hijo después de que pasaran por problemas conyugales. Tras año y medio la Justicia les dio la razón y pudieron recuperarlo.

A Alejo le quitaron la custodia de sus gemelos y de otra hija pero el Tribunal Supremo dictaminó que los funcionarios de los servicios sociales habían actuado sin escucharle siquiera y pese a que les constaba que cuidaba perfectamente de la otra hija con la que convivía. De hecho condenó a la Junta de Andalucía a pagarle 60.000 euros de indemnización pero lamentablemente la sentencia llegó cuando el padre ya había fallecido a causa de un cáncer. Lo más vergonzoso es que se tardó más de diez años en comprobarse que tenía razón.

A Cristeta, jornalera jienense, los servicios sociales de Motril (Granada) le quitaron a su hija de tres años el 23 de agosto de 2005 porque había acudido a ellos a pedir “trabajo, comida y alojamiento”. Tras llevarla a un centro de acogida declararon que la niña estaba desamparada e impulsaron su acogimiento pre-adoptivo por una familia a pesar de la oposición de la madre. Lo lamentable es que no han sido nuestros tribunales los que dictaminaron la ilegalidad de la medida sino el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia que se dictó en 2013, ¡ocho años después! Sentencia en la que se dice que las autoridades españolas «contribuyeron de manera decisiva a la ausencia de toda posibilidad de reagrupación familiar”. De hecho la madre vio a su hija por última vez el 27 de septiembre de 2005 por lo que el tribunal reconoce que la situación era ya “difícilmente reversible”.

Y no son más que meros ejemplos de un larguísimo y lamentable suma y sigue… Entiéndase pues bien el asunto: en España se está quitando en muchos casos la tutela de sus hijos a padres que no son violentos, ni abusadores sexuales, ni drogadictos con mono. Padres que no vuelven a verles nunca más bien porque no tienen medios para recurrir, bien porque se falla en su contra ya que los jueces se inclinan por dar la razón a los funcionarios, bien porque tras reconocerse falsas las acusaciones han pasado tantos años que ya no es posible la reunificación familiar sin causar perjuicios graves a los menores. Eso sí, a los funcionarios responsables de todos estos desaguisados nadie les pide luego responsabilidades.

DISCRECIONALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 

Hablamos en suma de un drama de triple cara ya que lo sufren los niños, los padres y los padres adoptivos. Éste último es de hecho el caso de Francisco Cárdenas, fundador de APRODEME. En 2006 logró iniciar el proceso de adopción -junto a su mujer- de una niña de seis meses y durante largo tiempo esperó a que la Administración catalana les diera la adopción definitiva pero a pesar de los continuos y reiterados informes positivos ésta no llegaba. Fue entonces cuando su matrimonio se rompió y el 12 de marzo de 2009 la Administración de Cataluña decidió quitarle a la hija que llevaba ya con él en situación de pre-adopción tres años. Rápida actuación que contrastó con la lentitud del proceso de adopción. Según nos contaría ese día acudió con la niña a los servicios sociales, se la llevaron a otra sala mientras esperaba a ser recibido ¡y nunca más la volvería a ver! Fue entonces cuando supo de otros muchos casos y de que había miles de personas en España afectadas por situaciones similares decidiendo fundar ese mismo año -2009- la Asociación para la Defensa del Menor (APRODEME) que hoy cuenta ya con 800 miembros. Es pues el primer firmante de la denuncia presentada ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Defensor del Pueblo de Cataluña y el Parlamento Europeo. Y de todo ello hemos hablado con él.

-Se dice que en España hay entre 40.000 y 50.000 niños a cuyos padres han quitado la tutela funcionarios de los Servicios Sociales. ¿Es correcta la cifra?

-Para saberlo con certeza habría que ir comunidad por comunidad autónoma extrayendo los datos ya que las competencias sobre protección de la infancia están transferidas a ellas y se trata de datos que cuesta mucho conseguir; pero calculamos que hay más de 40.000 menores acogidos a medidas de protección que o bien están en un centro o con una familia de acogida. Según los datos correspondientes a 2016 publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad actualmente hay 44.000 menores bajo tutela de la Administración.

En cualquier caso los datos que conozco más en detalle son los de Cataluña, comunidad que destaca por hacer las cosas especialmente mal en este ámbito. En esa comunidad hay más de 7.000 menores bajo medidas de protección; algo más de 3.000 en centros y el resto con familias de acogida, no con las suyas directas. Y extrapolando esa cifra cabe inferir que hay pues en centros más de 14.000 menores. Estamos hablando por tanto de un drama social que además tiene implicaciones económicas importantes. Piénsese que cada comunidad paga a la entidad que se hace cargo de los menores ¡unos 4.000 euros al mes por cada uno! Y eso le supone al estado más de 700 millones de euros anuales solo en centros de acogida… Dinero que en muchos casos reciben quienes han puesto en marcha esos centros privadamente como si de un negocio más se tratara.

-¿Puede decirnos antes de hablar de ello cuáles son las principales razones por las que los funcionarios de los servicios sociales pueden retirar un hijo a su familia?

-La ley distingue entre situaciones de riesgo y situaciones de desamparo. Situaciones de riesgo son aquellas en las que se considera -generalmente por falta de recursos- que el niño está mal atendido porque no está debidamente escolarizado, está mal alimentado, su higiene no es la adecuada…. La ley recoge de forma específica todo ese tipo de situaciones. Pero hay también un epígrafe según el cual puede considerarse situación de riesgo ¡cualquier otra que los servicios sociales consideren como tal! Y eso les da un poder de discrecionalidad inadmisible. Para empezar, ante una situación de riesgo lo que habría que hacer es ayudar a la familia a que salga de ella. La casuística es muy amplia pero generalmente todas son superables.

Y se habla de desamparo cuando la situación de riesgo es tal que a juicio de los funcionarios hay que actuar de forma drástica e inmediata separando al niño de sus padres… y a menudo hasta de los demás familiares. Momento a partir del cual se encarga de él la Administración. Hablamos de situaciones muy graves que también están tipificadas en la ley solo que hay también en ella un último apartado que permite considerar desamparo cualquier otra situación que los expertos consideren que puede causar al menor daño físico o psíquico irreversible. Y de nuevo se les dota de una discrecionalidad inadmisible.

En suma, en teoría ambos supuestos -riesgo y desamparo- están perfectamente tipificados pero esos epígrafes hacen que al final quien decida discrecionalmente sea el funcionario de turno. No un juez o un magistrado tras analizar a fondo el caso, escuchar a todas las partes y valorar objetivamente los hechos. Y es algo muy grave porque en numerosas ocasiones se cometen injusticias que tardan años en reconocerse. Años de enorme sufrimiento para muchos padres a los que al final se les da la razón… y aun así ya no se les devuelve a sus hijos porque están integrados en otras familia.

-¿Pero realmente puede arrebatarse un hijo -o varios- a unos padres sin decisión judicial?

-Por increíble que pueda parecer, sí. Sin intervención judicial. Desde el momento en que se decreta el desamparo de un menor la tutela es de la Administración. No está bajo tutela judicial. Y a partir de entonces los funcionarios pueden hacer con él lo que consideren oportuno. Normalmente lo llevan a un centro donde lo pueden tener seis meses para llevarlo después a otro tres meses más y luego a otro… Hacen lo que consideran mejor. Tienen discrecionalidad pero en la práctica ésta se convierte más bien en impunidad. Es un simple funcionario pero la ley le permite hacer lo que le plazca con el niño.

-¿Tanto poder tienen?

-Sí. Pueden hasta enviar a la policía a un colegio para recoger al niño y llevárselo a la fuerza. Salvo entrar en un domicilio porque para eso sí se precisa orden judicial. Y le aseguro que a muchos no les tiembla el pulso a la hora de ejecutar sus decisiones.

-Pero eso implica permitir a los funcionarios de los servicios sociales actuar de forma absolutamente arbitraria…

-Así es. Y frente a un «técnico» de la Administración no existe capacidad de defensa efectiva. Los padres puede declarar lo que quieran pero luego el funcionario puede recoger en el informe solo lo que le parece oportuno. De hecho muchos padres nos han contado que algunos funcionarios no es que no recojan lo que declaran sino todo lo contrario. Que dicen blanco y los técnicos no lo recogen o incluso ponen negro, que les proponen un plan de actuación y luego lo modifican a su antojo. Es un sistema arbitrario en el que no existe el derecho de defensa.

En cambio a menudo se aceptan como creíbles llamadas anónimas, sospechas, meros indicios, comentarios sin fundamento… En el ámbito judicial eso no pasa. Se trata pues de un sistema perverso y caótico.

Y luego hay una serie de constantes que se repiten en muchos casos. Hay madres víctimas de violencia de género cuyas parejas tienen orden firme de alejamiento que cuando van en busca de ayudas a los servicios sociales ¡se encuentran con que éstos le retiran a sus hijos! En nuestra asociación hay muchas mujeres doblemente víctimas: de su pareja y de la propia Administración que les quitan a sus hijos sin que hubiera riesgos para ellos. Decisiones arbitrarias que no serían posibles en el ámbito de la Justicia. Ante un juez cualquiera puede defenderse, no se condena a nadie sin escucharle y admite pruebas pero rechazando las que no tienen fundamento. En estos casos no. Y ni siquiera se puede acudir al juez porque la ley ha dado la tutela de esos niños a la Administración.

-No puede ser; hablamos de posible violación de derechos fundamentales y la Justicia tiene derecho a intervenir…

-En teoría, sí. Cuando los servicios sociales deciden retirar a unos padres la tutela un menor se lo comunica de oficio a la Fiscalía -normalmente por fax o email- pero yo no conozco un solo caso en el que el fiscal haya contradicho a la Administración. Se ha convertido en un trámite automático

-¿Los fiscales no se ponen siquiera en contacto con la familia?

-No, no, para nada. La Administración tiene la obligación de comunicar cada paso que da a la Fiscalía y así lo hace pero el fiscal no interviene para nada. Solo actúa cuando la familia recurre la decisión a los tribunales. Antes el sistema judicial no interviene. Y se trata de una anomalía muy grave porque estamos ante resoluciones administrativas capaces de destruir las vidas de muchas familias.

-Es decir, que los jueces y magistrados solo intervienen si hay recursos judiciales por parte de los padres o familiares…

-Exacto. Y en tales casos cita a las partes para seis, nueve o doce meses después. Ya sabemos que nuestro sistema judicial es enormemente lento y por tanto injusto de por sí. Y claro, decide cuando el daño ya está hecho, a veces cuando el niño se ha integrado en otra familia y sabiendo que si da la razón a los padres deja en entredicho a la todopoderosa Administración. Con lo que la mayoría de las veces falla a favor de la Administración que suele acudir cargada de informes y testigos sobre lo mal que dicen estaba el niño y lo bien que está ahora, de lo necesaria que era la medida. Y es que la Administración tiene la presunción de hacer las cosas bien. Encontrándose enfrente solo a una familia desesperada que lleva mucho tiempo sin ver a su hijo, que ha tenido que invertir tiempo y dinero -del que muchas veces carece- y lleva meses intentando sortear las trabas de toda una Administración. Tiene que haber por tanto errores muy graves en el expediente para que el juez le quite la razón a la Administración. Afortunadamente empieza a haber cada vez más sentencias a favor de los padres pero entonces, en vez de aceptar la decisión, la Administración lo que hace es recurrirlas para seguir reteniendo al menor. Y los padres pueden ver alargar su suplicio durante años.

 ¿RÉGIMEN CARCELARIO? 

-¿Desde que les arrebatan al hijo hasta que se presenta el caso ante el juez tienen los padres acceso a él?

-Eso lo deciden los técnicos de la Administración. A mí me quitaron hace ocho años a la hija que tuve durante tres en pre-adopción y no la he vuelto a ver. Y le aseguro que he insistido cada día desde 2009.

-¿También es una decisión discrecional?

-También. Si el menor está en un centro o con otra familia hay un régimen vigilado de visitas –puede ser de dos horas a la semana o cada quince días- en el que además hay que «portarse bien». Porque como le digas a tu hijo que esté tranquilo, que todo se arreglará pronto, como pierdas mínimamente los nervios en esa situación de tensión emocional serás castigado «por no colaborar». Y en vez de poder verle una vez cada quince días te permitirán ir solo una vez al mes. Obviamente también este tipo de sanciones es arbitrario. No existe protocolo de actuación reglado. Y la excusa es siempre la misma: lo «correcto» es lo que el técnico considere bueno para el niño. Problema que agrava un hecho indiscutible: la mayoría de quienes están tomando esas decisiones pertenece a un cuerpo de técnicos que lleva toda su vida anclado en una serie de valores. Le pongo un ejemplo: una mujer víctima de maltrato es por principio «sospechosa» de verse en más problemas. Y otro: los funcionarios parten de la base de que los abuelos, por muy capacitados y económicamente solventes que sean, no son idóneos para hacerse cargo de sus nietos. ¿Por qué? Porque entienden que las «personas mayores» no pueden hacerse cargo correctamente de niños menores.

-¿Tampoco pueden los padres saber cómo están sus hijos cuando se los arrebatan y son enviados a un centro? ¿No se les permite verlos en ningún momento?

-Nunca a solas. Si es algo mayor y tiene móvil puedes de forma casi clandestina enviarle a través de internet fotos o comentarios pero nada más. Está bajo custodia de la Administración

-Pues entonces viven casi en régimen carcelario…

-En ocasiones es peor que un régimen carcelario. Recuerdo una anécdota que me contó una chica que hoy ya es mayor de edad. Estaba en un centro y el día de su cumpleaños le preguntaron que a quién quería llamar, si a su madre o a su padre. Ella contestó que a los dos ¡y la respuesta fue que solo tenía derecho a una llamada! Están rompiendo familias y generando odio.

-Ese tipo de actitudes son difíciles de entender…

-El 5 de marzo de 2006 Alba, una niña de 5 años, ingresó en el Hospital del Valle de Hebrón de Barcelona con graves lesiones por una paliza sufrida en el ámbito familiar. La noticia conmocionó al país. Lo ocurrido fue el desenlace final de una situación de descontrol tremendo entre los jueces, la policía y los técnicos de servicios sociales. Las secuelas de esa niña a la que casi matan fueron tremendas: grave deterioro de sus funciones cerebrales y parálisis total de la parte derecha del cuerpo. Pues bien, el escándalo mediático que suscitó aquello encendió todas las alarmas y el péndulo se fue hacia el otro extremo. Y desde entonces ante la más mínima sospecha se actúa «preventivamente». Lo reconocen sin tapujos. ¿Que como consecuencia lo pagan unos cuantos menores? Pues mala suerte; lo consideran «efectos colaterales». Así lo declaró un alto funcionario en Cataluña. A mí me parece terrible que para evitar un posible caso grave de maltrato haya que separar a miles de niños de sus padres… ¡por si acaso!

Mire, la situación ha llegado a tal extremo que muchos padres tienen ya miedo de ir al servicio de Urgencias si su bebé se hace daño accidentalmente. Porque basta con que un médico sospeche que pueda haber habido maltrato y avise a los servicios sociales para correr el riesgo de que te quiten a tu hijo y encima te acusen de ello.

Hace poco una familia nos contó que les había pasado a ellos y llamaron de inmediato a su abogado. Éste se personó en el hospital, hizo venir a otro médico y al final se infirió que la «lesión compatible con maltrato» se debió a que el niño había metido el brazo entre los barrotes de la cuna y se había lesionado. En suma, han creando un «sistema de protección de la infancia» del que las familias huyen corriendo…

-¿Y ningún partido político se ha ofrecido afrontar racionalmente esta situación?

-Ninguno. En Cataluña han ido pasando por la Administración casi todos y el sistema tiene una inercia, una potencia que no habido nadie capaz de alterarlo.

-¿Sospechan ustedes que detrás de todo esto hay otras motivaciones?

-Hay varios colectivos que se benefician de todo esto. Como el de los psicólogos. De entrada lo que dice un psicólogo se acepta pero es que si es de la Administración ¡ni se cuestiona! Sin embargo algunos han sido denunciados en sus colegios profesionales. Hay psicólogos que han hecho informes sobre el estado de madres ¡con las que ni siquiera habían hablado! Y muchos padres afirman que hay psicólogos que hacen «informes a medida». Es cada vez más habitual que se «inventen» supuestos «trastornos» que ni siquiera vienen definidos como tales en el amplísimo Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Es más, es inadmisible que se hagan informes cuyas «conclusiones» no son más que simples suposiciones. ¿Cómo se admite que un psicólogo o un psiquiatra hable de «posible» drogadicción, «posible» perturbación mental o «posible»… lo que sea? La Administración tiene medios para solicitar análisis de todo tipo: médicos, toxicológicos, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas no individuales…

 NADA PARA LAS FAMILIAS, TODO PARA LOS CENTROS PRIVADOS

-Antes nos dijo que el estado paga 4.000 euros por niño a los centros que los acogen y que éstos pueden ser privados…

-Y es algo que cuesta mucho entender. Lo que se paga a los centros depende de si es uno «normal» o uno que permite atender necesidades especiales. Pero el mínimo que se está pagando a un centro normal de menores es de 4.000 euros al mes por niño para gastos de mantenimiento. Se sabe porque salen a concurso público. Y un centro de atención especial puede llegar a cobrar hasta 8.000 euros mensuales.

-¿Cuatro mil euros al mes? Con eso una familia podría enviar a su hijo a estudiar a un centro escolar al extranjero y cubrir además las necesidades básicas de la propia familia…

-Y comer marisco a diario. Es una barbaridad. Especialmente cuando a menudo se quitan hijos a los padres por precariedad económica o carecer de un trabajo fijo regulado por contrato. Casos en los que bastaría dar a los padres una ayuda de 500 o 1.000 euros al mes para sacarles de apuros. Y sin embargo el estado prefiere crear un grave problema familiar y pagar mucho más por ello. Es un sistema absurdo y hay razones para entender que si se hace es porque beneficia a alguien. Porque montar un pequeño centro para atender por ejemplo a 20 niños significa recibir 80.000 euros al mes del estado.

-Siendo así alguien debería investigar lo que está pasando pero al menos los niños que están en ellos estarán fantásticamente atendidos, ¿no?

-Pues no es esa la información que nos llega. De hecho algunos de esos centros acuden a bancos de alimentos a recoger comida, a la Cruz Roja por ropa, a inscribirlos en colegios públicos porque esos niños no pagan…

-¿No hay control de cómo se gasta el dinero que el estado paga a esos centros? Porque si es como dice o tiene unas cuentas más que saneadas o sus dueños se están haciendo de oro a costa del sufrimiento de miles de niños y padres…

-El estado hace un seguimiento puramente contable como en cualquier otra concesión pública. ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Se invierte en algo que realmente repercuta en beneficio de los menores? ¿Salen de ellos académicamente bien preparados? ¿Con habilidades profesionales que antes no tenían? No se sabe. Que sepamos nadie lo controla. Pero la información que a nosotros nos llega de las familias y de los propios menores que han pasado por ellos va en la línea contraria. Así que, ¿por qué no se investiga?

-¿Los niños que se quitan a sus padres van a esos centros a vivir con otros en su misma situación?

-O a vivir con menores que están en ellos por ser conflictivos. Con lo que muchos pasan de vivir con familias que simplemente tienen problemas económicos o sus padres se han separado a hacerlo con otros que pueden llegar a ser mucho más perjudiciales para ellos.

-Pues tenemos entendido que en España hay grupos empresariales que tienen varios centros por lo que la sospecha de que detrás de toda esta problemática hay un pingüe negocio parece clara.

-Es evidente que detrás de todo esto hay un gran negocio que mueve cientos de millones de euros anuales. Podría justificarse si los centros fueran públicos y las ayudas escasas pero se permite que sean privados y las ayudas exageradas. Las administraciones públicas han privatizado todo el procedimiento y lo han sacado a concurso público para adjudicárselo a empresas privadas. Y éstas se gastan ese dinero como les place. Sin el más mínimo control estatal. En España hay 1.131centros de protección de menores y sólo el 25% están gestionados por entidades públicas.

Negocio que es posible porque la decisión de quitar la tutela a los padres se ha cedido a funcionarios de la Administración en lugar de a fiscales, jueces y fuerzas de seguridad. ¿Que no darían abasto si tuvieran que hacerse cargo de ello? Es sencillo: se amplía la plantilla judicial y se forman funcionarios expertos en el asunto. De esa forma el dinero del estado iría a personal estatal y no a los bolsillos de particulares.

-¿Y las familias de acogida qué dinero reciben?

-Depende de las comunidades pero si se trata de personas de su familia directa 200 y 300 euros al mes, ayudas como becas de comedor o asistencia social aparte. Y si es ajena algo más. Ayudas que contrastan con los 4.000 de los niños que van a centros «normales» y los 8.000 de los que van a centros especiales. Nos parece pues insólito que nadie pida explicaciones serias.

-¿Han explicado todo esto a los partidos políticos?

-Sí. Y han empezado a descubrir el problema y entenderlo. Especialmente el sinsentido de que haya en España decenas de miles de niños arrebatados a sus padres y que algunos puedan estar haciendo negocio con su sufrimiento. Ahora bien, les parece un tema muy resbaladizo y afrontarlo no está entre sus prioridades.

-¿Es verdad que el hecho de que unos padres opten por una alimentación vegana para sus hijos o prefieran tratarles con productos homeopáticos y tratamientos alternativos se utiliza como «argumento» para quitarles la tutela?

-Los informes de la Administración están muy bien hechos y nunca se dice en ellos que a un niño se lo llevan por eso. Se alega que ven «falta de habilidades parentales» o «falta de hábitos nutricionales adecuados». Lo argumentan con un lenguaje retórico y medido pero en realidad lo que están diciendo es que no comparten tales convicciones paternas e imponen las suyas. Lo lamentable es que aun si tuvieran razón -aunque no la tengan- lo que deben hacer es intentar convencer a los padres de su «error» pero jamás arrebatarles por ello a sus hijos.

-Permítame una última pregunta: ¿qué piden exactamente en el escrito entregado a la Fiscalía, el Defensor del Menor de Cataluña y el Parlamento Europeo?

-Se trata de una denuncia colectiva que hemos preparado a lo largo de dos años en la que damos cuenta de cientos de casos. El Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo ya la han admitido a trámite y esperamos que haga lo mismo en breve la Fiscalía. En ella explicamos muchos casos, contamos la situación y proponemos soluciones. Una de las cuales -la más importante- es que quien debe tomar la decisión de desamparar a un menor debe ser siempre un juez o magistrado. Y hacerlo por la vía de urgencia. Es inadmisible que hoy los padres a los que se quita la tutela de sus hijos no puedan defender sus derechos. A nivel práctico eso requiere crear juzgados especiales como ya se ha hecho para otras situaciones. La función de la Administración debe ser otra: ayudar a las familias, ocuparse del menor en centros públicos adecuados y supervisar su progreso.

Hasta aquí la entrevista con Francisco Cárdenas; por nuestra parte solo queda recordar que el 1 de enero de 2009 el Defensor del Pueblo emitió un informe sobre nuestro sistema de protección de menores en el que decía: “De la investigación realizada por el Defensor del Pueblo se deduce que los resultados del sistema de protección que se viene desarrollando no siempre son satisfactorios para los educadores y en muy pocos casos para los educandos que manifiestan un elevado índice de insatisfacción, tanto durante su permanencia en estos centros de acogida como cuando, al cumplir 18 años, han de abandonar el centro aunque no hayan superado su programa de intervención terapéutica”.

Francisco San Martín

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