Se intensifica la caza de brujas contra los médicos y otros profesionales independientes

Tanto los ministerios de Sanidad y Ciencia como la Organización Médica Colegial continúan con su ilegal e irresponsable campaña de acoso contra los profesionales que se empeñan en ejercer terapias avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea y el Consejo de Europa pero que a quienes actualmente dirigen esas instituciones no les gustan porque las consideran -de forma falaz y gratuita- «pseudoterapias». Una persecución intolerable que ahora se amplía a quienes siendo médicos alertan de los peligros de los tratamientos farmacológicos. Es el caso de la Dra. Isabel Bellostas a la que la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Madrid decidió en junio pasado impedir ejercer su profesión durante 364 días alegando que ha incumplido el Código de Ética y Deontología Médica ¡por alertar de los peligros de las vacunas -cuando éstas están reconocidas hasta en los propios prospectos así como por la FDA– y decir que no es recomendable vacunar de forma genérica y sistemática a toda la población!

CAZA DE BRUJAS

El médico tiene la obligación legal y ética de explicar a los pacientes todas las alternativas terapéuticas existentes para afrontar sus problemas de salud -es su responsabilidad conocerlas- informando además de ellas de forma extensa, completa y adecuada. No de aquellas que las autoridades nacionales de turno consideren «mejores» o más «científicas» sino de todas las que han sido avaladas por la máxima institución internacional en el ámbito sanitario: la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo que incluye pues la Medicina Naturista, Holística, Integral o Biológica, la Homeopatía, la Fitoterapia, la Medicina Tradicional China, la Medicina Ortomolecular o Celular, la Medicina Antroposófica y más del centenar de disciplinas que la OMS agrupa con el nombre genérico de Medicina Tradicional y Complementaria (MTC). De hecho lleva años pidiendo su inclusión en los sistemas sanitarios nacionales, la última en su extenso informe Estrategia de la OMS sobre Medicina Tradicional 2014-2023, documento en el que al hablar de ellas dice que se trata de «una parte importante y con frecuencia subestimada de la atención de salud que se practica en casi todos los países y cuya demanda va en aumento”. Añadiendo: “Muchos países reconocen ya la necesidad de elaborar un enfoque coherente e integral sobre la atención de la salud que facilite a los gobiernos, los profesionales sanitarios y muy especialmente a los usuarios de los servicios sanitarios el acceso a la Medicina Tradicional y Complementaria de manera segura, respetuosa, asequible y efectiva”.

De ahí que para la entonces Secretaria General de la OMS, Margaret Chan, uno de los tres principales objetivos de la organización para el periodo 2014-2023 fuera el de fomentar la integración de la medicina no convencional en los sistemas nacionales de salud. Informe en el que se recuerda que la OMS ya se planteó para el periodo 2002-2005 cuatro objetivos básicos: integrar la medicina no convencional en los sistemas nacionales de salud desarrollando y aplicando políticas y programas nacionales, promover la seguridad, eficacia y calidad de la medicina no convencional ampliando la base de sus conocimientos y asesorando sobre las normas y la garantía de calidad que debe exigirse en su ejercicio, hacer más disponible y accesible la medicina no convencional a la gente y promover el uso terapéutico racional de la medicina no convencional entre profesionales y usuarios. Eso es lo que la OMS quería que estuviera implantado en ¡2005! y no es pues de recibo que los gobiernos españoles sigan negándose a ello estando ya en 2019.

Es más, el médico tiene asimismo la obligación de informar bien a los enfermos y ello incluye explicarles todos los riesgos de lo que se le propone. Lo recuerda el artículo 6.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Bioéticos de la UNESCO al decir textualmente que «toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica debe llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada y sobre la base de una información adecuada». Añadiendo que «el consentimiento deberá ser expreso pudiendo la persona interesada revocarlo en todo momento y por cualquier motivo sin que ello entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno».

Pues bien, poco antes del pasado verano la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Madrid decidió impedir ejercer su profesión durante 364 días a la Dra. Isabel Bellostas alegando que había incumplido el Código de Ética y Deontología Médica por alertar de los peligros de las vacunas –¡cuando éstas están reconocidas hasta en sus propios prospectos así como por la FDA!- y decir que no es recomendable vacunar de forma genérica y sistemática a toda la población, algo a lo que en realidad ESTÁ ÉTICA Y LEGALMENTE OBLIGADA.

Es pues manifiestamente ridículo que la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Madrid afirme que la Dra. Bellostas ha infringido lo dispuesto en los artículos 5.1, 22.1, 23.1, 25.1, 26.1, 26.2 y 65.3 del Código de Deontología Médica “al desaconsejar públicamente la vacunación sistemática de determinados grupos poblacionales” entre los que se encuentran los niños enfermos, los niños autistas y las embarazadas. Es más, alega que su comportamiento es «desleal» con el demagógico argumento de que «recomendar no vacunar sistemáticamente no es un consejo leal y competente en la promoción de las actividades preventivas sino perjudicial” dado que -dicen- “las vacunas tienen evidencia científica y no indicarlas no es libertad de prescripción sino contrario a la lex artis por lo que ello resulta peligroso para quien siga sus consejos de no vacunar”. Y agregan: “Negar la administración de vacunas y posicionarse en su contra es promover una actividad de riesgo para los niños y la sociedad”.

La verdad sin embargo es que lo que la Dra. Bellostas ha hecho es lo que la ley y el código deontológico la obligan a hacer: alertar de los riesgos y peligros de las vacunas, máxime cuando éstas son masivas y se inoculan de forma injustificada.

Es más: el colegio madrileño de médicos «olvida» interesadamente que en España NINGUNA VACUNA ES OBLIGATORIA -la decisión corresponde única y exclusivamente a los pacientes o a sus representantes legales- y que LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LAS VACUNAS ESTÁN CIENTÍFICAMENTE CONSTATADOS; de hecho EN ESTADOS UNIDOS EL ESTADO INDEMNIZA A LAS VÍCTIMAS DE LAS VACUNAS.

Pues bien, siendo todo esto así el colegio de médicos madrileño perpetró además una infracción al filtrar su sanción nada más ponerla SIN SER FIRME. El abogado de la doctora Bellostas, Luis de Miguel Ortega, presentó de hecho inmediatamente un recurso solicitando su nulidad por carecer de la más mínima base legal; según explica no se la ha sancionado por mala praxis o conducta inapropiada sino por emitir «opiniones profesionales» y eso es inadmisible: “El colegio de médicos -argumenta- puede oponerse a expresiones insultantes, injuriosas o dichas con malicia para equivocar o perjudicar a terceros pero lo que no puede es limitar el libre ejercicio y la libertad de expresión de los médicos. Y menos aun por frases que no generan un riesgo o perjuicio real porque van en beneficio de las garantías de información veraz y variada que tienen los pacientes”.

Luis de Miguel agrega en el recurso presentado que “las vacunas hoy día no son obligatorias ni estamos en un contexto de epidemia que pueda indicar restricción de la libertad individual por lo que nada se opone al principio de autonomía del paciente y al de consentimiento informado; y éste solo puede darse si los pacientes cuentan con información variada y discrepante que ayude a crear un juicio previo a la decisión de vacunarse o no. La doctora Bellostas ha venido cumpliendo estrictamente esta función de informar a los pacientes de los riesgos que supone la vacunación, especialmente en determinados grupos de población, algo que ni siquiera se oculta en las fichas técnicas de las vacunas ni en la información científica disponible y que hemos adjuntado aunque se haya ignorado”.

Obviamente quisimos hablar extensamente con la pediatra e investigadora española Isabel Bellostas a quien ya entrevistamos hace casi tres años y nos dijo estar convencida de que a su juicio el actual sistema vacunal está siendo causa de muchas patologías y de que existe relación directa entre la inoculación de la vacuna de la hepatitis B que se pone a los bebés nada más nacer y la bronquiolitis epidémica -enfermedad infecciosa propia de lactantes y niños pequeños que afecta al tracto respiratorio- por lo que no entiende que se inocule de forma generalizada en los hospitales españoles, máxime cuando no es obligatoria (la entrevista se publicó en el nº 198 correspondiente a noviembre de 2016 con el título Isabel Bellostas: «La vacuna de la hepatitis B debería ser inmediatamente retirada» ). No fue posible sin embargo por consejo de su letrado que entiende que es más prudente esperar a la resolución del caso pero ello no le impidió manifestarnos lo siguiente: “Pertenezco al Colegio de Médicos de Madrid desde 1983 y tras 36 años resulta que en lugar de ser la entidad que me defiende me sanciona sin que paciente alguno me haya denunciado. Y todo porque, entre otras cosas, afirmo que el autismo puede prevenirse y tratarse eficazmente, que no es una patología que deba tratarse solo a nivel físico y que está conectada con la microbiota. Estoy muy decepcionada».

LESIONES, DISCAPACIDADES, ENFERMEDADES Y MUERTES CAUSADAS POR LAS VACUNAS

En fin, si es usted de los ingenuos que aún se cree la bufonada de que las vacunas no son peligrosas pinche en www.hrsa.gov/vaccinecompensation/vaccineinjurytable.pdf para comprobarlo. Se trata del documento -actualizado a 21 de marzo de 2017- en el que el Gobierno estadounidense informa a los ciudadanos de cómo y cuándo pueden solicitar una indemnización si sufren los efectos adversos de una vacuna, algo previsto en el llamado Programa Nacional de Compensación por Lesiones debidas a las Vacunas que puso en marcha en su día el Gobierno norteamericano en cuya introducción se dice textualmente: “La siguiente es la tabla de vacunas, lesiones, discapacidades, enfermedades, afecciones y muertes resultantes de la administración de vacunas y el tiempo del primer síntoma o manifestación de la aparición o agravación significativa de dichas lesiones, discapacidades, enfermedades, afecciones y muertes ocurridas tras su administración a fin de recibir una indemnización” (la negrita es nuestra). ¿Y qué reconoce el Gobierno norteamericano que puede provocar las vacunas? Pues solo unas cuantas dolencias entre las que se mencionan una posible anafilaxia, el Síndrome de Guillain-Barré, la encefalitis, la artritis crónica, la púrpura trombocitopénica, el sarampión, la polio paralizante, la obstrucción intestinal, la neuritis braquial y el síncope vasovagal.

Recordemos que todo esto empezó cuando en la década de los setenta y principios de los ochenta del pasado siglo XX la vacuna contra la difteria, la tosferina y el tétanos (DPT) causó en Estados Unidos tantos problemas que en televisión se llegó a decir que ponerse esa vacuna era como jugar a la ruleta con la salud dando lugar a un escándalo tal que los fabricantes de vacunas presionaron al Gobierno para protegerse de demandas judiciales y en 1986 el Congreso estadounidense aprobó -y el entonces presidente Ronald Reagan firmó- la llamada Ley Nacional de Lesiones por Vacunas Infantiles (NCVIA) por la cual en ese país las vacunas no pueden ser objeto de demandas legales económicas cuando causan daños creando como contrapartida un Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para que supervisara los estudios y pruebas presentadas por los fabricantes de vacunas con el objetivo de hacer valoraciones sobre su eficacia y seguridad. Pues bien, en 2017 se supo que en 32 años ese organismo no había hecho ni una sola valoración a pesar del mandato expreso del Congreso para ello (lea el lector los reportajes que con los títulos ¡La seguridad de las vacunas a medio plazo no se ha probado jamás! y Los peligrosos efectos de las vacunas que no aparecen en los prospectos aparecieron en los números 221 y 225 respectivamente).

En suma, las vacunas no son inocuas, pueden provocar graves problemas de salud y los médicos tienen la obligación de advertírselo a los vacunados y a los padres de los menores que vayan a serlo. Luego la Dra. Bellostas ha cumplido con su obligación legal y ética y no así quienes no informan de ello que debieran en consecuencia SER DENUNCIADOS. Es más, los miembros de los comités de ética y las juntas directivas de todos los colegios médicos así como de la Organización Médica Colegial (OMC) deberían haber sido llevados hace mucho tiempo a los tribunales. ¿A qué espera pues para actuar la Fiscalía Anticorrupción?

Téngase en cuenta que Estados Unidos lleva ya pagados por lesiones, daños y/o muertes causadas por las vacunas más de cuatro mil millones de dólares en indemnizaciones… y eso que según las propias autoridades sanitarias al sistema solo le llega el 1% de las reclamaciones por efectos secundarios de las vacunas y que el tribunal constituido al efecto es muy restrictivo con la admisión de demandas. Así que la pregunta es obvia: ¿por qué nuestro ministerio de Sanidad y los representantes de los médicos ocultan esto a la población? ¿Por qué se oculta que las vacunas tienen peligros científicamente tan constatados que Estados Unidos indemniza desde hace años a las víctimas -o a sus familiares si éstas mueren- y en España no?

Hace apenas un par de años -en 2017- se publicó en The EPMA Journal el trabajo de un grupo de investigadores de la Universidad de Módena (Italia) encabezado M. Vadala titulado Vaccination and autoimmune diseases: is prevention of adverse health effects on the horizon? (Vacunación y enfermedades autoinmunes: ¿está en el horizonte la prevención de efectos adversos para la salud?) en cuyas conclusiones puede leerse lo siguiente: “Enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple y la diabetes mellitus tipo 1 afectan ya aproximadamente al 5% de la población mundial acumulándose en la última década informes sobre la aparición tras las vacunaciones de trastornos autoinmunes como la púrpura trombocitopenia idiopática, la miopericarditis, la insuficiencia ovárica primaria y el lupus eritematoso sistémico». Añadiéndose que estas reacciones no solo se producen entre quienes sufren alergias previas sino también entre quienes tienen antecedentes en su familia o portan autoanticuerpos.

Y no son las únicas patologías que pueden provocar las vacunas como hemos explicado ya ampliamente en numerosos reportajes.

VACUNAS Y AUTISMO

Cabe añadir que una de las denuncias que más molesta al Ministerio de Sanidad, a los representantes de los colegios médicos y a los laboratorios es la de que las vacunas pueden causar autismo y, sin embargo, está ampliamente documentado como contamos en los artículos Timerosal y autismo: silencio, ocultación y mentiras y Las vacunas pueden causar autismo publicados en los números 148 y 153 respectivamente.

Fue pues ya entonces -en abril de 2012- cuando denunciamos que los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) de Estados Unidos habían decidido ocultar -con ayuda de científicos y asociaciones médicas corruptas, laboratorios y medios de comunicación ligados al poder- la relación entre el mercurio de las vacunas y diversas patologías neurológicas -especialmente en niños- y cómo fue perseguido por ello el Dr. Andrew Wakefield tras publicar un riguroso estudio que así lo afirmaba contradiciendo la tesis oficial.

Sin embargo dos años después el Dr. William W. Thomson, epidemiólogo de los CDC que participó en la conspiración contra Wakefield, acabó admitiéndola públicamente y le pidió perdón por destrozar su carrera. Lo dimos a conocer en el reportaje que con el título Confirmada la farsa de los CDC: ¡las vacunas causan autismo! apareció en el nº 177 correspondiente a diciembre de 2014 y puede asimismo leerse en nuestra web: www.dsalud.com.

Según Thompson -científico de alto nivel de los CDC– «cocinó» los datos del artículo que publicó en 2004 en Pediatrics junto a otros investigadores de esa agencia a fin de ocultar la relación entre el timerosal de la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) y los trastornos del espectro autista. Reconocimiento que le llevaría a decir públicamente: “Siento enorme vergüenza cuando me encuentro con familias de niños autistas porque yo soy en parte responsable de ese problema”.

Como nuestros lectores habituales recordarán en febrero de 1998 The Lancet publicó un estudio cuyo autor principal era el Dr. Andrew Wakefield en el que se apuntaba que la exposición temprana a la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) podía ser causa de un nuevo trastorno del intestino relacionado con el autismo, artículo que se convirtió en el detonante de nuevas investigaciones así como de acciones reivindicativas por parte de numerosas familias cuyos hijos sanos empezaron a manifestar signos de autismo poco después de ser vacunados. Fue entonces cuando los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) orquestaron -en connivencia con asociaciones médicas profesionales, científicos corruptos, laboratorios fabricantes de vacunas, grandes medios de comunicación y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS)- una campaña que evitara que las vacunas pudieran relacionarse con los cada vez más numerosos casos de autismo en Estados Unidos y Europa donde hoy 1 de cada 150 niños en edad escolar presenta síntomas autistas cuando hace 25 años esa proporción era de apenas 1 por cada 10.000. Operación que se planificó durante una reunión secreta celebrada los días 7 y 8 de junio de 2000 en el Simpsonwood Center de Norcross (Georgia, EEUU) con la participación de 51 científicos y médicos de los CDC así como de representantes de la FDA y la industria farmacéutica: Merck, SmithKline, Wyeth, North American Vaccine y Aventis Pasteur. Algo que hoy sabemos porque sus actas fueron obtenidas por un grupo de padres de niños autistas gracias a la denominada Ley de Libertad de Información.

Elementos claves de esa operación serían -como en su momento ya se denunció en la revista- la contratación de una empresa privada para que gestionase la base de datos oficial sobre la seguridad de las vacunas -y hacer que de ese modo quedase legalmente fuera del alcance del público- y la publicación entre 2002 y 2003 de cuatro estudios “cocinados” por personal de los CDC en Dinamarca y publicados en revistas de gran difusión y prestigio a los que siguieron otros estudios e informes oficiales que presuntamente aportaban la “evidencia científica” de que no existía relación alguna entre el timerosal y el autismo. Un «trabajo» que permitió desactivar miles de demandas presentadas por padres estadounidenses cuyos hijos habían desarrollado trastornos neurológicos tras la administración de la vacuna triple vírica incluida en el calendario vacunal aprobado por la FDA. Es más, la fraudulenta campaña llevó a los editores de The Lancet a retractarse del artículo de Wakefield mientras el Sunday Times iniciaba una campaña de descrédito contra él y el British Medical Council le abría una investigación que culminaría en 2010 retirándole la licencia para ejercer la Medicina. Vergonzosa farsa que aun algunos indocumentados sin ética citan para intentar seguir ocultando la verdad.

LOS CASOS DE JOSE RAMÓN LLORENTE Y JOSEP PAMIES            

La sanción a Isabel Bellostas no es en cualquier caso la única que se ha impuesto. Hay otros médicos inmersos en sanciones parecidas que sin embargo no han querido que les mencionemos porque sus nombres no han sido aún filtrados a los medios de comunicación que apoyan la infame campaña de persecución que venimos denunciando y han recurrido legalmente las decisiones, ninguna de ellas firme.

Temen -con razón- que les ocurra lo mismo que al Presidente de la Sociedad Española de Nutrición Ortomolecular (SENO) José Ramón Llorente que fue sometido durante años a escarnio público, difamación e incluso escraches callejeros y fue tratado como un peligroso sinvergüenza -especialmente por algunas cadenas de televisión- siendo INOCENTE. Así lo dictaminaron una y otra vez los jueces que se pronunciaron sobre su caso sin que tales sentencias favorables fueran dadas a conocer. Es más, tras muchos meses de dar informaciones manipuladas y tergiversadas esos medios ocultaron a sus lectores/oyentes/televidentes la resolución final dictada el 29 de enero de 2018 por el Juzgado de lo Penal nº 10 de Valencia que declaró a Llorente inocente de los delitos de los que se le acusaba.

Fue entonces cuando esos medios de comunicación -así como el Ministerio de Sanidad y la Organización Médica Colegial (OMC)– buscaron otra víctima a la que usar de ariete y ese «honor» le cayó a Josep Pamiés, conocido horticultor y fitoterapeuta español impulsor de la Dulce revolución de las plantas medicinales que lleva años denunciando los peligros de los alimentos transgénicos y el abusivo uso de pesticidas y aditivos alimentarios. Defensor y divulgador de la sanación natural, de la agricultura ecológica y de una nutrición saludable se había ganado con motivo de su postura en el «problema» del ébola la ira del poder establecido; hasta el punto de que medios de comunicación como El País y La Vanguardia decidieron desprestigiarle en cuanto denunció que el ébola puede afrontarse con métodos naturales e inocuos.

En Discovery DSALUD decidimos sin embargo entrevistarle (lea en nuestra web www.dsalud.com– el reportaje que le dedicamos en el nº 177 correspondiente a diciembre de 2014), texto en el que otras muchas cosas nos diría cosas como éstas:

«Nadie puede asegurarle a otra persona que su problema de salud no tiene solución. La vida y la muerte no dependen del terapeuta, sea éste médico o no, sino del propio enfermo y de las fuerzas desconocidas que todo lo rigen».

«La industria se ha apoderado hasta del origen de la vida, de las semillas, alterando su genética y convirtiéndolas en transgénicas (…) Y ha creado plaguicidas mortales para el ser humano a largo plazo y otras muchas sustancias químicas que han hecho que en las estanterías de los supermercados ya no haya casi alimentos naturales sanos».

-«El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión puede llevar a que se comercialice leche producida por vacas tratadas con hormonas del crecimiento y la entrada de alimentos transgénicos hoy prohibidos en Europa».

«¿Es que hemos de esperar a que nos vendan píldoras de brócoli, licopeno extraído del tomate o silimarina del cardo mariano para prevenir el cáncer y otras patologías en lugar de ingerir los alimentos frescos de los que se extraen?»

-«Decir que los efectos positivos de los fármacos están científicamente avalados y los de las plantas no es una absoluta memez por mucho que así lo repita la industria farmacéutica».

-«La política sobre drogas es hipócrita; se permite que el tabaco, el alcohol y el aspartamo, que llevan a sus espaldas millones de muertes, sean legales mientras plantas como la stevia -que no mata ni consumida en sobredosis- está prohibida por el código civil y la marihuana se persigue penalmente».

«En el caso de la malaria la OMS impidió que la Artemisia Annua se cultive libremente en África para preservar los intereses de Novartis que la cultiva para fabricar su fármaco Coartem. Pura indecencia».

-«Proponemos a la gente que se enfrente al corrupto sistema sanitario que se nos ha impuesto y al tiempo luche por crear estructuras de base que suplan la mala fe y la ignorancia imperantes. Hay que empezar a ser autosuficientes en todos los ámbitos; prioritariamente en los de la alimentación y la salud».

Claro, conciso, contundente… y muy peligroso para el sistema; especialmente desde que empezó a dictar ponencias hablando de las posibilidades terapéuticas del conocido como Suplemento Mineral Milagroso o MMS (por sus siglas en inglés) promocionado por Jim Humble (hemos hablado de ese producto varias veces, la primera de ellas en el reportaje que con el título El MMS o la Solución Mineral Milagrosa publicamos en el nº 130 correspondiente a septiembre de 2010). Texto en el que explicamos que el MMS es clorito sódico diluido al 28% que al mezclarse con un ácido débil -como el ácido cítrico, el limón o el vinagre- se transforma en dióxido de cloro (CLO2), gas que si se ingiere diluido -en agua o zumo- provoca un potente efecto desinfectante que según Humble elimina todo agente patógeno anaeróbico que vive en terreno ácido sin afectar ni a las bacterias benéficas ni a las células sanas.

Según asevera Humble en su obra The Miracle Mineral Solution oh the 21st Century sólo acaba con los microorganismos cuyo pH es inferior a 7 y eso implica que siendo inocuo es eficaz para resolver todas las patologías de origen parasitario, bacteriano, vírico o fúngico además del cáncer. Es más, ataca selectivamente a los agentes patógenos que se consideran causa de la mayoría de las enfermedades infecciosas -bacterias, virus, hongos y parásitos- cuyos restos, una vez neutralizados, se eliminan a través de la piel, los riñones y el colon. E igualmente añade que si quien ingiere dióxido de cloro tiene un organismo en condiciones medianamente razonables de salud y la dosis es adecuada apenas notará síntoma secundario alguno aunque si su organismo está muy acidificado y/o deteriorado, la dosis es excesiva o acaba de ingerir algún fármaco puede sufrir como efectos secundarios diarrea y vómitos.

El conocimiento de todo esto preocupó enormemente a la gran industria farmacéutica que inmediatamente usó a sus testaferros para que aseveraran con total desfachatez que el clorito sódico es lejía y, por tanto, peligroso. Una descomunal mentira de la que los acríticos medios de comunicación se harían eco de inmediato y muchos siguen repitiendo aún hoy. Ni el hipoclorito sódico (NaOCl) –la lejía– ni el hidróxido de sodio (NaOH) -la sosa cáustica-, productos tan utilizados en nuestros hogares, tienen nada que ver con el clorito sódico o dióxido de cloro. Éste, cuando se prepara diluido como se ha explicado antes, lo han ingerido cientos de miles de personas –si no millones- sin que se conozca más que un caso documentado de intoxicación. Y resulta inconcebible que entre tanta gente que lo ha conocido por Internet y usado nadie haya dado testimonios negativos. Por el contrario, circulan por la red miles de testimonios sobre curaciones o mejoras en la calidad de vida, incluso en el caso de enfermedades consideradas crónicas o incurables.

Y, por cierto, es asimismo habitual -incluso entre los médicos- confundir el clorito sódico ClNaO2 con el clorato sódico ClNaO3 ¡y tampoco tienen nada que ver! El clorato sódico libera gran cantidad de ozono (O3) en su reacción oxidativa, tiene una fuerza de 2,13 milivoltios y resulta altamente corrosivo para todos los tejidos orgánicos (sanos y enfermos) pero el clorito sódico libera oxígeno (O2) que tiene un poder oxidativo de 0,93 milivotios y es mucho más biocompatible con las reacciones bioquímicas del organismo.

Bueno, pues aun así la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) decretó en 2010 una alerta sanitaria sobre el producto que -como cabía esperar- no impidió que quienes lo defienden siguieran hablando de sus posibilidades; especialmente dos personas a las que la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social María Luisa Carcedo anunciaría en marzo de 2019 que iba a denunciar por ello: el ya citado Josep Pamiés y Andreas Ludwig Kalcker, investigador alemán que ha realizado una labor interdisciplinaria de colaboración con científicos de todo el mundo -incluido el propio Jim Humble- para generar una base de datos científica actualizada sobre la casuística y las investigaciones que se están realizando con el MMS.

Pues bien, Luis de Miguel Ortega -en nombre de ambos- requirió formalmente ese mismo día que se anulara la alerta sanitaria y se le entregara copia del expediente que había dado lugar a la misma; petición que igualmente hizo ante la Generalitat de Cataluña. ¿El resultado? No existía nada. La AEMPS no había realizado «ni una sola comprobación» y no citaba ningún caso de daño en nuestro país. Es más, oculta el hecho de que el clorito sódico está reconocido como «medicamento huérfano» por la Agencia Europea del Medicamento.

Es más, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) afirma que la alerta sanitaria se justifica porque la OMS así lo había solicitado en su día siendo FALSO porque lo que pidió fue que se informara bien a los consumidores sobre el clorito de sodio y no que se alertara de su peligrosidad o se prohibiera. Algo que para Luis de Miguel Ortega merece un firme reproche porque «se incurrió en falsedad» y se hizo «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Ni ha habido comprobación alguna, ni ha existido trámite de audiencia, ni ha habido notificación efectiva a los afectados por la retirada del producto».

GANAR AL SISTEMA… CON LA LEY 

Luis de Miguel Ortega, que no está dispuesto a que en nombre del estado se violen impunemente los derechos de los consumidores y se persiga a quienes ejercen legalmente terapias naturales, alternativas o complementarias, presentaría también -en octubre de 2018- en nombre de la Asociación Española de Médicos Integrativos (AESMI) una denuncia formal ante la Comisión Europea contra el estado español y la Organización Médica Colegial (OMC) por «infracción de las normas de competencia» y su “campaña de acoso institucional contra la parte del sector sanitario dedicado a las terapias no convencionales”. Tramitada la denuncia -con varias actualizaciones- la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea ha solicitado ya que se amplíe la información, especialmente sobre cómo han afectando los últimos cambios reglamentarios españoles a los productos homeopáticos.

Posteriormente Luis de Miguel Ortega, en nombre de la Asociación Española de Médicos Integrativos (AESMI), presentaría una querella contra la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social María Luisa Carcedo y el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades Pedro Duque por posible delito de malversación de fondos al financiar una campaña de UN MILLÓN DE EUROS contra las medicinas alternativas, incluyendo en ella a la Homeopatía y los productos homeopáticos cuando son legales en toda la Unión Europea. Querella que se encuentra en la Sección Cuarta de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que en el momento de cerrar este número esperaba a conocer el futuro de los dos ministros para saber si debe pedir el correspondiente suplicatorio a las Cortes.

Se les acusa asimismo de dilaciones indebidas en el registro y autorización de venta de medicamentos homeopáticos en España y del uso de técnicas de corrupción a través de medios de comunicación (astroturfing) al manifestar que no hay evidencias científicas ni sobre ella ni sobre ninguna de las medicinas alternativas y llegar a afirmar gratuitamente que su ejercicio profesional ha aumentado la mortalidad entre la población. “Los ciudadanos de la Unión Europea –se señala en su escrito- tienen el derecho a recibir servicios de proveedores originarios de cualquier estado miembro sin que se interponga ningún tipo de obstáculo, ya sea la necesidad de obtener autorizaciones, de pagar impuestos o de conceder ayuda financiera».

El pasado 2 de mayo Luis De Miguel Ortega presentaría además ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo -en nombre de la Fundación Terapias Naturales (FTN) – una acción de protección jurídica del honor con demanda de responsabilidad patrimonial contra el ministro Pedro Duque por afirmaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Entre otras, estupideces como que «La ciencia no tiene dudas: la Homeopatía es una creencia mágica«, «Les dicen a la gente que no vayan al médico, que vayan a tal consulta y que les recetarán algo que les curará pero son supercherías modernas» o que «A los ‘productos naturales’ les añaden fármacos para tener efecto”. Un mes después el Tribunal Supremo admitía la demanda tras recibir dos informes solicitados a la Fiscalía.

Este pleito –nos diría Luis De Miguel- no solo va destinado a reparar el daño causado por sus manifestaciones sino a alcanzar un debate doctrinal necesario en España sobre terapias y libertad de los pacientes. Un debate que ya se ha realizado en otros países como Alemania donde ya en 2004 el Tribunal Constitucional asentó la doctrina de que no hay razones para regular ni para prohibir ninguna terapia que no afecte a funciones médicas o estrictamente sanitarias y que corresponde a la libertad del paciente contratar o no un servicio privado”.

Cabe agregar que Luis de Miguel ha acudido asimismo al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno porque el Ministerio de Sanidad se niega a entregar los informes que relacionan las vacunas con el autismo y otras enfermedades crónicas y la documentación que obre en su poder sobre el uso de tejidos fetales en la fabricación de vacunas o su contaminación por metales pesados y pesticidas. Y es que este abogado está harto de las mentiras que contaminan a la población. «Hoy día -afirma Luis de Miguel- las mentiras se viralizan extendiéndose por doquier y ni los propios médicos se sonrojan al repetir tales mentiras en los pleitos. Es por ejemplo el caso de las epidemias de sarampión y su riesgo para la salud pública. En España hay 250 casos de sarampión al año y ni un solo fallecido así que hablar en términos alarmistas es irracional; sobre todo cuando no existe un sistema de notificación de reacciones adversas transparente y fiable que permita comparar si es más peligroso el remedio o la enfermedad”.

Y hablando de mentiras: el pasado 18 de febrero Luis de Miguel presentó ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción una denuncia en nombre y representación de la Fundación de Terapias Naturales (FTN) contra la Junta Directiva de la Asociación para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas (APETP) por la emisión y difusión de noticias falsas en el ámbito de la salud y el consumo y un mes después la Fiscalía consideró que, en efecto, los hechos denunciados podían ser constitutivos de los delitos de calumnia e injuria, delito contra los consumidores, coacciones y denuncias falsas por lo que remitió la causa al Jugado de Paterna (Valencia) al ser donde está sede de la asociación denunciada. Pues bien, a finales de julio el juzgado no había conseguido entregar la notificación judicial a los demandados por lo que se ha denunciado una posible estafa procesal. Sin comentarios.

NEGOCIO O SEGURIDAD

Terminamos dando a conocer otra gran batalla -ésta mucho más personal- emprendida en 2016 por Luis de Miguel contra la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que podría acabar decidiendo si los españoles tenemos o no derecho a conocer la información que justifica la puesta en el mercado de los fármacos que consumimos, los ensayos que permitieron su aprobación, su nivel real de seguridad, lo que paga la sanidad pública por ellos y si hay razones reales para que los fármacos más caros sean los más vendidos o sólo hay detrás intereses económicos. Pues bien, la AEMPS respondió poniendo por delante los derechos de las farmacéuticas a los de los consumidores al señalar que “el ministerio rechaza la solicitud de acceso a la información formulada por el solicitante porque el suministro de aquélla comprometería intereses de los laboratorios afectados ya que supondría suministrar información económica y comercial confidencial de estas empresas” ¿Información «confidencial» si un fármaco es realmente seguro y/o eficaz? Pues así lo aseveró el ministerio al solicitar que se paralizase de forma cautelar la entrega de esa información a pesar de que así había ordenado hacerlo el Consejo de Transparencia.

Afortunadamente el Juzgado Central de lo Contencioso‐Administrativo nº de 8 de Madrid ha decidido que el ministerio requiera a las 13 farmacéuticas implicadas a que comparezcan para defender los derechos mercantiles que consideran podrían verse afectados y por los que se niegan a que se de la información solicitada y una vez lo hayan hecho resuelva de nuevo el Consejo de Transparencia. Un pleito que Luis de Miguel inició por cierto ante «las vergonzosas incapacitaciones y tratamientos involuntarios de enfermos psiquiátricos que se están produciendo en nuestro país ya que se están alcanzando niveles de crímenes de lesa humanidad con fallecimientos por contenciones, internamiento por cuestiones políticas, abortos coactivos y tratamientos involuntarios en los que se superan las indicaciones y dosis permitidas. Y hablamos de 65.000 internamientos involuntarios al año, 30.000 incapacitaciones, casi 100 esterilizaciones forzosas y un número indeterminado de abortos coactivos que a nadie preocupan”.

En fin, lo lamentable de todo esto es que no parece haber muchos abogados dispuestos a enfrentarse al cada vez mayor poder de las industrias sanitarias. Es pues muy de agradecer la encomiable labor que está realizando Luis de Miguel Ortega.

Francisco Sanmartín

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