Dr. Hernández Aguado: «Las influencias indebidas en la política de salud son constantes”

Las personas que integran el Consejo Asesor de Sanidad nombrado por la ministra Dolors Monstserrat representan solo al modelo médico imperante no habiendo en él una sola que ejerza alguna de las numerosas medicinas complementarias o alternativas cuya regulación e introducción en los sistemas sanitarios lleva años reclamando la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho lo integran solo personas que representan los intereses de la industria y buscan la medicalización de la sociedad; ni siquiera hay representantes de la sanidad pública. Pues bien, hemos hablado de ello con el catedrático español Ildefonso Hernández Aguado, entrevista que  puede leerse en el nº 215 de Discovery DSALUD.

CONSEJO

Las 42 personas que integran el Consejo Asesor de Sanidad recién nombrado por la ministra Dolors Monstserrat representan al modelo médico imperante no habiendo en él una sola que ejerza alguna de las numerosas medicinas complementarias o alternativas cuya regulación e introducción en los sistemas sanitarios lleva años reclamando la Organización Mundial de la Salud, el Parlamento Europeo y la Asamblea del Consejo de Europa. De hecho lo integran solo personas que representan los intereses de la industria y buscan la medicalización de la sociedad; ni siquiera hay representantes de la sanidad pública. Pues bien, hemos hablado de ello con el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública Ildefonso Hernández Aguado, responsable de comunicación de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y autor de un reciente artículo científico que desenmascara la estrategia de la industria para colonizar la política sanitaria española.

El doctor Ildefonso Hernández Aguado -catedrático de Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández de Alicante y ex Director General de Salud Pública entre 2008 y 2011- publicó en enero pasado en Journal of Epidemiology and Community Health -junto a la investigadora de la misma universidad Elisa Chilet Rosell- un artículo titulado Pathways of undue influence in health policy-making: a main actor’s perspective (Vías de influencia indebida en la formulación de políticas sanitarias: la perspectiva de un actor principal) en el que se comprueba cómo la industria condiciona la política gubernamental recurriendo a diversas estrategias que a veces incluyen ilegalidades como chantajes, sobornos y propuestas de contrataciones al dejar sus cargos públicos. “El sector privado –se dice en el artículo- jugó un papel significativo en estas estrategias bien a través de sobornos, regalos personales, puertas giratorias, campañas negativas o bloqueo de posiciones políticas desfavorables, bien determinando la agenda de conocimientos (…) Las empresas privadas relacionadas con la salud ejercen presión a todos los niveles en los procesos de formulación de políticas, incluyendo a los ministros, la presidencia y la vicepresidencia a fin de modificar la agenda política sanitaria para beneficio propio”.

Pues bien, a pesar de que se describen actuaciones de extrema gravedad el trabajo no ha tenido eco social. De hecho pocos días después -el 8 de febrero- la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Dolors Montserrat daba a conocer su «renovado» Consejo Asesor comprobándose que está constituido por 42 personas entre las que no hay representantes que defiendan posicionamientos de salud pública centrados en los determinantes sociales de la salud, en su promoción y en la prevención de la enfermedad ni profesional alguno que ejerza alguna de las numerosas medicinas complementarias o alternativas cuya regulación e introducción en los sistemas sanitarios lleva décadas reclamando la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Parlamento Europeo y la Asamblea del Consejo de Europa. De hecho llama la atención que haya numerosos representantes de la industria cuyos intereses suelen redundar en la medicalización de la sociedad y en la priorización de la gestión privada de los servicios estando la gran mayoría vinculadas a la industria farmacéutica.

Se trata de personas que suelen apostar por una inversión estatal masiva en lo que denominan «alta tecnología sanitaria» -base principal de la llamada «medicina personalizada»- y de las nuevas estrategias para afrontar el cáncer -en un reconocimiento implícito del fracaso de los procedimientos oncológicos actuales con los que en España mueren anualmente más de 100.000 pacientes-. En pocas palabras, se apuesta por dedicar grandes recursos económicos a la compra de dispositivos tecnológicos de cuestionable eficacia para prevenir o curar enfermedades y a financiar fármacos presuntamente «nuevos» que en realidad no aportan nada respecto a los «antiguos» y encima son mucho más caros. Algo que en parte es consecuencia de las oscuras relaciones entre la industria y quienes deciden este tipo de cuestiones en las administraciones públicas.

Y eso lo sabe bien -por experiencia propia- el catedrático español Ildefonso Hernandez Aguado quien además de haber sido Director General de Salud Pública en el Ministerio de Sanidad durante tres años fue miembro del Comité Permanente del Comité Regional para Europa de la OMS, del Consejo de Administración del Centro Europeo para el Control de Enfermedades. Cabe añadir que ha sido Presidente de la Sociedad Española de Epidemiología y de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y es miembro del Consejo de Administración de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública.

Pues bien, a fin de identificar y documentar las principales tácticas de influencia usadas por la industria sanitaria decidió entrevistar a 54 personas que en su momento tuvieron cargos de responsabilidad o información privilegiada en el ámbito sanitario: 3 directores de agencias internacionales y/o funcionarios de la Unión Europea, 14 altos cargos de los gobiernos estatal y autonómicos, 4 directores adjuntos, 8 funcionarios públicos de alto nivel, 5 expertos del mundo académico (universidad, centros de investigación y centros de salud), 3 representantes electos, 5 líderes de sindicatos, corporaciones profesionales, asociaciones científicas y grupos de presión, 5 directores de relaciones institucionales en los ámbitos de la industria, la farmacéutica, los alimentos y las bebidas y 7 periodistas especializados en salud. Garantizando a todos el anonimato a fin de que pudieran expresarse libremente. Prolijo trabajo cuyo resultado es preocupante “Se identificaron influencias inapropiadas en todos los niveles de administración y política –se dice en él- que incluyeron acciones para beneficios personales, presión para bloquear las políticas de salud y presión a altos niveles del gobierno en favor de corporaciones privadas. Jugando el sector privado un papel significativo en esas estrategias mediante sobornos, regalos personales, puertas giratorias, campañas negativas y bloqueo de posiciones políticas desfavorables o determinando la agenda de conocimientos. Los entrevistados informaron de formas sutiles de influencia (eventos sociales, ofertas de soporte técnico, invitaciones, etc.) que contribuyen a la captura intelectual y cultural de los funcionarios sanitarios”. No es pues de extrañar que la conclusión del trabajo sea ésta: “Los procesos de toma de decisiones sobre las políticas de salud en España están sujetos a influencia por sectores interesados que logran determinar en parte las mismas, algo que debería evitarse. El sector privado usa diferentes estrategias, desde influencias sutiles hasta corrupción explícita, aprovechando en muchos casos una legislación flexible”.

Más claro, agua. Y para que el lector tenga conocimiento exacto de las tácticas utilizadas publicamos en un breve recuadro al final de este texto algunas de las que los entrevistados comunicaron a los autores del artículo publicado en Journal of Epidemiology and Community Health. Lamentables tácticas que al parecer funcionan muy bien por lo que quisimos hablar de ello con el Dr. Ildefonso Hernández quien accedió amablemente a charlar de forma extensa con nosotros.

SOBORNO, CHANTAJES, REGALOS PERSONALES…

-En el trabajo que han elaborado usted y Elisa Chilet Rosell puede leerse textualmente lo siguiente: Las empresas privadas influyen en los ministros, en la oficina de la presidencia y hasta en la vicepresidencia con el fin de modificar en su propio beneficio la agenda de las políticas sanitarias”. ¿Tan grave es la situación?

-Bueno, a menudo la realidad supera la ficción. Lo realmente novedoso de nuestro estudio es que plasma las prácticas de la industria en un artículo científico. Y en él algunos de los entrevistados -de todos los sectores implicados- nos han detallado claramente cuáles son las estrategias que la industria utiliza para presionar a los gobiernos en materia de salud. Por boca de los propios actores hemos conocido cómo hay influencias directas pero también otras más sutiles que pasan desapercibidas. Y no es lo mismo intuir la existencia del fenómeno de las «puertas giratorias» que constatarlo porque los propios implicados lo cuentan. Un ex alto cargo de la Dirección de Farmacia nos reconoció abiertamente por ejemplo que un representante de la industria le habló de la posibilidad de trabajar en su empresa al finalizar su estancia en el ministerio. Y todos sabemos que una oferta de este tipo tiene por objeto influir en sus decisiones.

-¿Sabe si se ha hecho este tipo de propuestas incluso a niveles más altos de responsabilidad? Por ejemplo a nivel de la Vicepresidencia del Gobierno…

-Normalmente no queda constancia fehaciente de ello pero cuando alguien de vicepresidencia llama a un alto cargo para decirle que se interese por determinado asunto con argumentos tan conocidos como que «la economía es muy importante» o que «hay muchos puestos de trabajo en juego» -pretextos habituales para tratar de influenciar- es obvio que la llamada pretende defender unos intereses concretos. Es pues fácil inferir que tras llamadas de este tipo hay siempre alguien de la industria. Cuando a uno le llaman para decirle que determinado producto no hay que tocarlo y esa petición no concuerda con el interés público se deduce claramente que se pretende defender un interés privado. Y eso es lo que nos han explicado que acaece.

-¿Cuáles son las estrategias más utilizadas para condicionar las tomas de decisiones?

-Las tácticas más intensas incluyen ilegalidades tan burdas como ofrecer sobornos. ¡Incluso a la máxima autoridad de un ministerio! Pero además nos han narrado otros casos de ilegalidad límite; como cuando, por ejemplo, una conocida compañía farmacéutica trató de chantajear al Ministerio de Sanidad durante la pandemia de influenza A de 2009 amenazando con interrumpir el suministro de la vacuna a menos que se les diera un contrato que les eximiera de cualquier responsabilidad en caso de efectos adversos. También se mencionaron durante las entrevistas ataques personales directos a las autoridades sanitarias usando periódicos y revistas populares entre profesionales de la salud. Por otra parte, el fenómeno de las «puertas giratorias» fue confirmado por varios directores generales que describieron no sólo cómo algunas compañías industriales les ofrecían puestos una vez salieran del ministerio sino incluso la solución para eludir la ley que prohíbe durante 2 años su contratación tras dejar el cargo: mediante la incorporación transitoria a una fundación relacionada con la compañía. Y son solo algunos ejemplos…

-¿Se ha llegado entonces a intentar “chantajear” al propio ministerio?

-Sí; y no solo lo he denunciado yo. Lo ha confirmado quien fuera Secretario General de Sanidad en un libro sobre la gripe A. En aquel momento -de gran tensión- nos amenazaron con dejarnos sin vacunas si se ponían demasiadas exigencias al laboratorio fabricante.

-¿Han podido ustedes constatar si es habitual que la industria intente influir en altos funcionarios del Ministerio de Sanidad?

-Sí; de eso hemos tenido constancia a través de las entrevistas. Lo cual no quiere decir que la gente de la industria sepa siempre a quién debe de tocar; por tanto no acierta en todos sus intentos. A veces se equivocan. Yo conozco a personas a las que la industria les hizo ese tipo de ofertas y las rechazaron. No estaban dispuestas a irse a esas empresas privadas por tomar decisiones que las favorecieran.

-Pero usted reconoce en su artículo que la política sobre personal del propio Gobierno produce a veces indefensión ante las presiones externas…

-Así es. La mayoría de los entrevistados reconocieron que últimamente se tiende en las administraciones -incluida la Unión Europea- a reemplazar a los funcionarios con alta capacidad técnica y especializada por otros multitarea. Y perder funcionarios de salud pública altamente especializados pone claramente en peligro la capacidad técnica de las instituciones públicas para tratar problemas complejos como la regulación del alcohol o del tabaco. Según nuestros entrevistados la falta de capacidad de la administración para llevar a cabo sus políticas de salud pública es cualitativa y cuantitativa siendo uno de los resultados de la actual política de austeridad.

Algunos de nuestros interlocutores expresaron de hecho su preocupación por el aumento de la vulnerabilidad del Gobierno a las influencias externas debido a la pérdida progresiva de la capacidad técnica y estratégica derivada de los estrictos recortes en recursos humanos del sector público. Un entrevistado nos puso el ejemplo de la regulación del empaquetado genérico de productos de tabaco; fueron las propias empresas las que suministraron al Gobierno la información técnica y además realizaron propuestas sobre la redacción del decreto; propuesta que estaba diseñada para sabotear la política restrictiva proporcionando motivos para el litigio y la consecuente suspensión de la ley. Unas sutilezas difíciles de detectar por funcionarios inexpertos.

-También habla en su artículo de «tácticas blandas»…

-Son formas más sutiles de acercamiento a aquellas personas que tienen poder de decisión; por ejemplo, a los funcionarios senior de las organizaciones internacionales relacionadas con la salud -Unión Europea, instituciones multilaterales de las Naciones Unidas, etc.- con altos salarios libres de impuestos y un elevado nivel de vida. Lo que hacen es mezclarse con ellos en reuniones y recepciones para lograr su confianza y hacer amistades que luego jueguen un papel importante. Se dedican a promover intercambios de favores, algo que en esos lugares se percibe como una parte natural de las relaciones. Lo hacen todos los grupos de presión, logrando resultados especialmente los mejor organizados y más ingeniosos.

Otro tipo de influencia sutil fue calificado por los entrevistados como “gabinetización”; consiste en “colonizar” la agenda del ministro mediante obsequios a los miembros de su gabinete. Normalmente en eventos organizados por empresas relacionadas con la salud que facilitan esa captación del entorno social y cultural sabiendo que allí tiene lugar la toma de decisiones sobre las políticas de salud.

-Es decir, que ya sea mediante tácticas «duras» o «blandas» al final los responsables de garantizar nuestra salud acaban viviendo aislados en una burbuja de intereses comerciales…

-Algunos participantes en el estudio nos comentaron que habían tenido poco contacto con otras visiones o enfoques de políticas de salud distintas de la respuesta biomédica. Un entrevistado que ocupó un alto cargo nos confesó que raramente estaba expuesto a otras ideas -excepto a las basadas en la alta tecnología- y que las soluciones de salud pública solo aparecían anecdóticamente en su agenda. Sin embargo, la parte buena es que hay extraordinarios profesionales en la administración pública.

UNA AGENCIA INDEPENDIENTE DE CONTROL 

-¿Cuáles son las principales consecuencias extraídas de lo confesado por las 52 personas entrevistadas?

-Para mí la conclusión de éste y otros trabajos es que el buen gobierno es un prerrequisito para la mejora de la salud pública. Luego debe trabajarse profundamente y con mucha contundencia en todas aquellas normas que mejoren el buen gobierno de la salud; comenzando por la obligatoriedad de la declaración de intereses de los profesionales encargados de hacer recomendaciones, incluso a nivel básico.

Si en una consejería de Sanidad se reúne un grupo de expertos para proponer la adopción de determinado fármaco oncológico su recomendación tiene que ir acompañada de las correspondientes declaraciones de conflictos de interés. Y tiene que haber una comisión independiente que examine tales declaraciones. Eso es prioritario.

Es más, lo que indica nuestro estudio -y otros similares- es que hay que acabar de una vez con la influencia de la industria en las políticas regulatorias de los sistemas nacionales de salud. No puede seguir condicionada por los intereses comerciales privados. Necesitándose una política muy contundente para empezar a contrarrestarla ya que van varios pasos por delante y utilizan los requisitos legales de forma extraordinaria; son brillantes a la hora de manejar información estratégica y cuentan también con excelentes profesionales.

Es evidente que las corporaciones trasnacionales están muy bien dotadas, que cada día son más poderosas y que tienen más conocimientos y capacidad; es pues imprescindible que haya un organismo público potente que contrarreste su influencia. Por eso pedimos que se cree en España una agencia de salud independiente similar a la británica NICE y a la que nos referimos por eso como HISPANICE. Una agencia independiente que pueda emitir recomendaciones basadas en hechos y teniendo en cuenta los intereses generales por encima de los particulares.

-¿Tan importante sería un organismo de esa naturaleza?

-Sí. Y hay consenso generalizado sobre su necesidad. Es imprescindible que España cuente con una agencia nacional independiente de salud que pueda emitir información sobre los costes y beneficios de las distintas opciones. El problema es que cada vez que se ha intentado crear la iniciativa ha sido cercenada. La propia Ley General de Salud Pública incluyó en sus borradores una agencia de estas características y se llegó a defender su constitución ante el Ministerio de Economía porque además de servir a nuestro país pueden obtenerse ingresos con ella prestando servicios a la Unión Europea y a otras entidades. Bueno, pues al final no se aceptó alegando el Ministerio de Hacienda que se había acabado el periodo de constitución de nuevas agencias; sin embargo pocos días después se creaba la agencia del juego…

-No es de extrañar que la industria lleve ventaja porque usted mismo afirma en su trabajo que tiene «ojos y oídos en el ministerio» y está perfectamente informada de todo lo que en él ocurre…

-Es cierto. Varios de los entrevistados revelaron que las empresas tenían acceso no solo a las agendas de las reuniones internas del Gobierno sino al contenido y a las posiciones de sus diferentes miembros por lo que les resultaba fácil diseñar estrategias de influencia. En el Ministerio de Sanidad hay agentes de la industria que conocen bien los procedimientos y saben cómo influir en las personas; los denominan «conseguidores internos». Ha pasado siempre y es desagradable por la pérdida de confianza que supone.

A mí me pasó estando en la Comisión de Salud Pública. Después de una reunión una persona allí presente me informó que le había llamado un representante de la industria para mostrarle su descontento por lo que ella había dicho en aquella reunión que se suponía privada. La industria, sobre todo cuando se trata de algo que afecta a las vacunas, está completamente informada sobre qué se dice y quién lo dice. Lo cual coarta la acción política y dificulta el intercambio de opiniones para tratar de encontrar la mejor política para el interés público.

-Pues por lo que explica parece obvio que la industria controla en buena medida las políticas de salud de España…

-Lo intenta… y en muchos casos lo consigue. Lo intenta sistemáticamente pero a veces se consiguen victorias para la salud pública ya que afortunadamente hay personas que resisten la presión. La Ley de Prevención del Tabaquismo fue por ejemplo un gran avance. Y ha habido algunas más en los últimos 20 años. Ahora mismo hay iniciativas de salud pública en varias consejerías; como en Baleares donde se pretende ser un poco más duro con las terrazas que permiten fumar y ya han comenzado las presiones. Y en Andalucía donde existe un anteproyecto de ley de nutrición que pretende -entre otras acciones positivas- eliminar determinados alimentos de las máquinas expendedoras instaladas en colegios además de otras medidas bastante enérgicas que no agradan a la industria. Veremos cuál es su redacción final.

Siempre hay un «toma y daca». En el ámbito del alcohol su victoria sobre la salud pública continúa porque son perseverantes y tienen muy bien organizadas sus áreas de influencia. 

UN CONSEJO ASESOR… PARA DEFENDER A LA INDUSTRIA 

-En la revista entendemos que el principal objetivo del recién nombrado Consejo Asesor de Sanidad es que la industria controle el sistema sanitario para ponerlo a su servicio. ¿Cuál es su opinión?

-Cuando en un consejo asesor hay desequilibrio y se tienen menos en cuenta las voces que defienden una visión de la salud pública -que consiste no solo en corregir problemas sino también en prevenirlos- y, sobre todo, cuando se da de lado cualquier visión que no esté basada en patentes pues sí, se están defendiendo las opciones industriales. Y el ministerio actual tiene un claro sesgo hacia la medicalización de la sociedad respaldando las propuestas de las grandes industrias. Esto no excluye, por supuesto, que en el consejo asesor haya -porque los hay- expertos valiosos.

La Sociedad Española de Salud Pública y Prestaciones Sanitarias (SESPAS) ha pedido a la ministra que al menos considerase incluir a personas relacionadas con la salud pública ya que muchas de sus actúales políticas tienen que ver con ella. Son los casos de las normativas sobre tabaco, productos alcohólicos y alimentación al igual que las que tienen que ver con la prestación farmacéutica. Y es que no hay ninguna institución sensata en el mundo que se ocupe de políticas de salud y no incluya en ellas a personas del ámbito de la salud pública.

Llama asimismo por cierto la atención que la «ministra de igualdad» tenga un consejo asesor principalmente integrado por hombres; da una imagen muy negativa.

-¿Sabe si el ministerio ha solicitado a los miembros del Consejo Asesor que declaren sus posibles conflictos de interés?

-No nos consta pero la Ley General de Salud Pública así lo exige por lo que es de esperar que el ministerio las haga públicas; si no incumpliría la ley. Claro que ya se solicitaron en los casos de algunas comisiones de la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y no tenían ni siquiera preparados los formularios para las declaraciones. Es más, como no se hicieron públicas hubo finalmente que conseguir los datos a través del Portal de Transparencia. Así que en efecto: queremos conocer las declaraciones de posibles conflictos de interés de todos los miembros del Consejo Asesor. Y si no nos los dan las pediremos oficialmente primero y después recurriremos de nuevo a la Ley de Transparencia.

-¿En los anteriores consejos asesores había mayor presencia de representantes de la Sanidad Pública?

-Sí; había mayor participación de personas relacionadas con la salud pública. Es verdad que ello nunca ha sido una prioridad pero ahora lo es mucho menos. Y nunca lo ha sido porque en general la cercanía a los ministerios y a la toma de decisiones la suelen dominar los grupos industriales. Es lo habitual porque tienen mayor capacidad de influencia y mayor cercanía. Cuando se estudia bien este fenómeno se comprueba que la toma de decisiones de las políticas sanitarias españolas está condicionada por grupos cuyos intereses son a menudo ajenos al interés general. No es pues algo nuevo pero ahora eso se acentúa.

Recientemente se ha realizado por ejemplo una reserva importante de dinero para la compra general de medicamentos para enfermedades raras y algunos otros fármacos oncológicos y se ha decidido todo sin ningún tipo de estudio de los precios y sin valoración del coste y oportunidad de los gastos; especialmente en medicamentos de dudosa utilidad que incluso pueden dañar la viabilidad económica del sistema.

¿”BARRA LIBRE” EN ONCOLOGÍA?

-Pues Dolors Montserrat ha dicho que uno de los ejes principales de su ministerio va a ser el de potenciar las «nuevas estrategias» contra el cáncer y la «medicina personalizada». Y todo indica que la Oncología es y va a seguir siendo una especie de agujero negro que se traga todo lo que se invierte en ella beneficiando sólo a la industria farmacéutica. Y algo parecido puede pasar ahora con las empresas consideradas de «alta tecnología». ¿Lo piensan también ustedes?

-Se trata de un ámbito en el que desde luego hay que reforzar la transparencia. Los motivos por los que se toman las decisiones que afectan al Sistema Nacional de Salud deben ser transparentes. Un gobierno tiene que justificar estas decisiones. Si uno quiere gastar en un fármaco debe saber que no va a poder gastar en otro o en una intervención terapéutica. No hay “barra libre”. Y eso implica que todas las decisiones sobre gastos en las comunidades autónomas -que son las que lo ejecutan- van a afectar claramente a la capacidad de decisión sobre la salud global. Si nos empeñamos en emprender una carrera de gastos cada vez mayores en fármacos cuyos precios llegan a ser ya disuasorios terminaremos teniendo que tener mucho menos personal sanitario y, por ende, menor eficiencia en los servicios sanitarios.

Hoy hay gente a la que por ejemplo se le hacen rápidamente pruebas para detectar un posible cáncer pero luego se la cita para 3 o 4 meses después por falta de personal. Y es que pagar precios desorbitantes por quimioterápicos que apenas alargan la vida dos o tres semanas hace que luego se sufran retrasos enormes porque no hay dinero para contratar a los especialistas necesarios.

-Cierto, pero es que hoy incluso muchos métodos de diagnóstico está siendo cuestionados; es el caso de los «marcadores tumorales»…

-La vulnerabilidad es muy alta en todos los ámbitos. Véase lo que pasa con las estatinas. Aunque su consumo debería circunscribirse a ciertas personas se ha extendido tanto su prescripción que hoy está siendo tratada mucha gente -sobre todo mujeres- que no tiene riesgo alguno.

Actualmente casi todas las «novedades» llegan además al mercado -cáncer incluido- con el «paquete completo». Con el tratamiento y con el marcador incluido para poder detectar cánceres que no hubieran dado nunca la cara y dan lugar a intervenciones sanitarias innecesarias. De hecho muchos pacientes son tratados innecesariamente por sobrediagnósticos -sin que jamás lo sepan- siendo algo que está contribuyendo a la excesiva medicalización de la sociedad.

Y asimismo contribuyen a ello la formación continuada y los congresos porque los financia la industria. Hasta la investigación favorece la medicalización. Y lo mismo cabe decir del uso y abuso de las nuevas tecnologías, algunas de las cuales no están aún bien evaluadas pero se implantan.

-El NICE británico del que usted hablaba antes ha eliminado de hecho de la lista de medicamentos para el cáncer subvencionados más de una decena por no justificarse su relación coste/beneficio.

-Esa es una de las razones por las que es tan necesaria una agencia independiente. La Asociación de Economía de la Salud -una de las sociedades perteneciente al SESPAS- hizo unas recomendaciones muy claras sobre la necesidad de quitar algunas prestaciones por ineficaces… y habría que ser ágiles en decidir sobre eso. Y no es tampoco aceptable que se incorporen innovaciones de dudosa eficacia. Muchos fármacos se presentan como innovaciones patentadas para poder venderlos bastante más caros cuando en realidad no aportan nada nuevo; sin embargo se incorporan a toda velocidad al sistema.

Y esto se repite una y otra vez desde hace años. Dentro de poco verá cómo se masifica el cribado del cáncer de pulmón solo porque quieren promocionarse tratamientos que a veces son de dudosa eficacia; y lo único que va a lograrse con ello es que aumente la morbimortalidad.

-Cribado de pulmón que va a seguir a otros cribados de dudosa eficacia…

-Cierto. Han surgido dudas sobre los beneficios del cribado de cáncer de mama que han motivado de hecho que algunos gobiernos -como el suizo y el francés- se hayan ya planteando seriamente la posibilidad de dejar de hacerlo. Y es que sobre este asunto se dispone ahora de más información científica. Más llamativo es lo que ocurre con el cribado de cáncer de próstata. El Journal of the American Medical Association (JAMA) publicó recientemente por ejemplo un artículo sobre el test del PSA en el cáncer de próstata volviendo a demostrar que no es útil; y a pesar de su importancia el artículo ha pasado desapercibido.

Otro de los problemas lo constituyen los medios de comunicación. Quizás porque es mejor crear buenas expectativas prefieren publicar artículos favorables a las novedades -incluso rozando los publirreportajes- y no sacar noticias que alerten sobre procedimientos establecidos. Algo de lo que el público no es consciente. Por eso desde muchos medios se promociona una concepción de la salud que tiene que ver sobre todo con la medicalización.

Y por si fuera poco, cuando se trata de prevención se concentran más en las actitudes de las personas que en las leyes y en los condicionantes sociales de las conductas. Pasa como con la obesidad: se le dice a la gente lo que tiene que comer pero no se insta a los gobiernos a tomar medidas que ya se han constatado efectivas.

-Pues no es ciertamente el caso de nuestra revista que se caracteriza desde hace casi 20 años por dar a conocer -a menudo casi en exclusiva- ese tipo de informaciones. Permítanos una última pregunta: usted es un profesional de la medicina convencional pero sabemos que es consciente de que varios organismos internacionales -con la OMS a la cabeza- llevan décadas pidiendo la inclusión en los sistemas sanitarios nacionales de las medicinas complementarias y alternativas. ¿Cuál es su opinión al respecto?

-Pienso que es hora de asumir que la respuesta a los problemas de salud debe ser más diversa y no incluir solo la clásica respuesta biomédica. Ahora bien, ¿qué prestaciones hay que recoger? Porque hay que ser muy rigurosos con eso. De hecho en el ámbito de la prevención ya hay incorporadas terapias no farmacológicas e intervenciones preventivas -muchas basadas en la Psicología, la Fisioterapia y la Sociología- que son eficaces y económicas. El estado debe pues abrirse y valorar las terapias que tengan respaldo científico y clínico. Claro que ello requiere un cambio de paradigma, especialmente en la política de investigación. A mí no me gusta hablar de medicinas alternativas porque parecería que estamos volviendo a respuestas biomédicas y de éstas ya tenemos demasiadas. A lo que hay que abrirse es a otro tipo de prestaciones que han demostrado ser también útiles.

UN CONSEJO ASESOR BAJO SOSPECHA 

En definitiva, la crítica a la composición del nuevo Consejo Asesor por los médicos contrarios a la excesiva medicalización y privatización de la Sanidad Pública es clara y razonada. De hecho nada más anunciarse quiénes son sus integrantes el portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, Jesús María Fernández, lo tachó de conservador en lo ideológico y denunció que está dominado por intereses privados protestando asimismo por la escasa representación en él de expertos en Atención Primaria y Salud Pública.

El Dr. Manuel Martín García, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, publicó por su parte el pasado 24 de febrero en el diario digital Nueva Tribuna un documentado, esclarecedor y demoledor artículo sobre la composición del renovado Consejo Asesor cuya lectura realmente merece la pena. Se trata de un extenso trabajo en el que se denuncian cosas como que un 50% participa en grupos empresariales, aseguradoras, laboratorios, multinacionales tecnológicas, organizaciones empresariales y fondos de inversión privados que se benefician esencialmente de fondos públicos, un 26% tiene conflictos de intereses con el sector privado y defienden las propuestas neoliberales contrarias al Sistema Sanitario público, universal y equitativo, un 19% representa a organizaciones corporativas con intereses cruzados con Farmaindustria y solo un 5% parece no tener conflicto de intereses con el sector privado. Añadiendo que con este Consejo Asesor «se prioriza el negocio sanitario en lugar de la salud de la población» al apostar por prestar la asistencia con recursos privados de las grandes multinacionales sanitarias, por hacer que el sistema público ponga los fondos, personal, equipamiento y pacientes mientras el sector privado se queda con las patentes y los beneficios, por fomentar el uso intensivo de medicamentos cada vez más caros, por promover el uso intensivo de pruebas diagnósticas realizadas con aparatos tecnológicos de coste muy elevado y utilidad marginal y por favorecer a los seguros privados. Siendo su resumen que el Consejo Asesor de Sanidad es «un auténtico lobby empresarial y privatizador» cuya intención es «seguir con su política de desmantelamiento del Sistema Sanitario Público» (lea el texto íntegro en www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/consejo-asesor-sanidad-quienes-integran-pretende/20180224122207148965.html.

Denuncias a las que se uniría la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) que el pasado 20 de febrero envió una carta a la ministra protestando por la amplia presencia en el Consejo Asesor de representantes de la medicina privada y la industria sanitaria mientras adolece de «referentes del ámbito de la Salud Pública«.

Terminamos este artículo indicando que también la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública (WFPHA) -que reúne a numerosas asociaciones nacionales- envió un escrito a la ministra reclamando la presencia en él de representantes de la Sanidad Pública. “Cualquier política pública sobre salud -se dice en la carta- necesita una visión de salud pública para ser integral y efectiva. Le pedimos amablemente pues que considere la posibilidad de nominar a un experto de referencia en ese ámbito”.

Antonio F. Muro

 

 Recuadro: 

Ejemplos de presión citados en el trabajo publicado en Journal of Epidemiology and Community Health 

El trabajo Pathways of undue influence in health policy-making: a main actor’s perspective (Vías de influencia indebida en la formulación de políticas sanitarias: la perspectiva de un actor principal) elaborado conjuntamente por el doctor Ildefonso Hernández Aguado y Elisa Chilet Rosell recoge en un amplio recuadro testimonios de las personas entrevistadas sobre cómo la industria privada influye en quienes toman las decisiones en el ámbito sanitario. Detallando que ello se hace básicamente:

Mediante presión directa. Es la forma más tosca pero no por ello menos eficaz y de hecho ponen ejemplos contados por los propios protagonistas. Entre ellos cómo desde las propias oficinas de presidencia y vicepresidencia del Gobierno se presionó a altos cargos sanitarios para favorecer a determinadas empresas del sector, cómo hubo que favorecer a ciertas compañías farmacéuticas para que algunos parlamentarios votasen a favor de los presupuestos generales del estado, cómo se accedió a nombrar altos cargos -incluidos directores generales- para satisfacer a las industrias sanitarias, cómo los productores de alcohol evitaron que se regulase de forma más restrictiva su consumo por menores y cómo una compañía farmacéutica -esa vez sin éxito- intentó chantajear al Ministerio de Sanidad durante la presunta pandemia de influenza de 2009 amenazando con interrumpir el suministro de la vacuna contra la gripe si no recibían un contrato escrito que les eximiera de responsabilidades en caso de efectos adversos.

Mediante sobornos o promesas de trabajo al dejar el cargo. Algunos entrevistados aseguraron que las empresas farmacéuticas intentaron sobornar a los altos funcionarios del Ministerio de Sanidad. A menudo ofreciéndoles cargos muy bien remunerados en sus empresas cuando dejasen sus puestos de responsabilidad pública que incluían formas de eludir la ley que impide eso en los dos años siguientes. Al hecho se le conoce como «puertas giratorias» porque refleja el constante trasiego de personas del ministerio a la industria y viceversa.

Mediante regalos y otras atenciones. Según el informe esta práctica es habitual y son objeto de obsequios todas las personas con poder de decisión o influencia, incluida la máxima autoridad minsiterial.

Mediante amenazas y ataques personales. Según un testimonio que recoge el informe una organización empresarial de tecnología médica logró «convencer» a varios consejeros de sanidad autonómicos para que se invirtiera en sus productos mientras utilizaba prensa especializada para criticar a quienes se oponían. De hecho agregan que la usan de forma habitual para criticar a los altos cargos cuyas decisiones no favorecen a la industria.

Mediante acceso a información estratégica y el control de las agendas. El informe afirma que las empresas del sector de la salud tienen tal acceso a la información interna del ministerio que conocen hasta la posición sobre cada asunto a tratar de quienes han de tomar decisiones de alto nivel.

Mediante presión a las agencias y expertos. La influencia y presión de la industria es ya tal que resulta poco menos que imposible encontrar expertos en salud que no estén inmersos en conflictos de interés; especialmente en el ámbito de la Oncología. Es lo que explica en parte que sean siempre favorables a aprobar productos nuevos aunque su eficacia sea dudosa y no esté suficientemente probada su inocuidad. De hecho se denuncia concretamente que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) fue presionada desde altos niveles gubernamentales para que ampliara las indicaciones de fármacos oncológicos nuevos una vez aprobados.

Mediante presión a funcionarios. Según el informe a la industria le basta a veces con presionar solo a los funcionarios para lograr fines menores; como retrasar la aprobación de fármacos genéricos. Presiones que éstos suelen recibir cuando participan en reuniones de la Unión Europea.

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