A estas alturas parece evidente que en España nadie va a asumir responsabilidad alguna -ni siquiera política- por la nefasta gestión sanitaria de la pandemia que dicen ha vivido nuestro país en los primeros meses de 2020 y ha llevado a la muerte a 40.000 personas más que en 2019. Nadie va a imitar al Ministro de Salud chileno Jaime Mañalich que dimitió tras saberse que el número de muertos que reconocía internamente era mucho menor del real que transmitía a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como nadie va a reconocer que se equivocó al confinar a la población y tomó esa decisión guiada por el miedo suscitado como hizo la primera ministra noruega Erna Solberg. Y eso que España es uno de los países del mundo con más fallecidos por millón de habitantes, más sanitarios contagiados por el SARS-CoV-2, más ancianos muertos en las residencias de mayores, mayor colapso en los hospitales y una de las naciones peor preparadas en equipos y material sanitario. Nuestro gobierno ha destacado asimismo por sus errores, mentiras, contradicciones, rectificaciones, omisiones, pedidos injustificados a empresas sin capacidad y experiencia y bailes de cifras -plagadas de sorprendentes apariciones y desapariciones de miles de muertos- así como en el control de los medios de comunicación y la limitación del derecho a la información. Sus «ruedas de prensa» diarias prohibiendo intervenciones directas de los periodistas exigiendo que las formulasen por escrito y decidiendo unilateralmente luego cuáles se leían y respondían es impropio de un estado de derecho y una práctica que se ejerce solo en las dictaduras. La libertad de prensa fue claramente cercenada por el gobierno de Pedro Sánchez y consentida por quienes se supone representan a los periodistas en las asociaciones que los agrupan, sin duda por sus afinidades ideológicas.
Es más, se han violado de forma flagrante derechos fundamentales de los ciudadanos sin que los miembros del Tribunal Constitucional hayan movido un solo dedo para evitarlo a pesar de ser el órgano directamente encargado de protegerlos. Y no se nos diga que alguien debió haber recurrido a él para que pudiera actuar ya que todo ciudadano español tiene el deber de denunciar «cualquier delito del que tenga conocimiento» y ellos no están excluidos.
Y otro tanto cabe decir de los miembros de nuestro Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Audiencia Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía. El problema es que ninguno de tales organismos es hoy día realmente independiente porque en un estado de derecho democrático existe separación de poderes y eso no es así en España como muchos juristas llevan décadas denunciando en balde.
En fin, el caso es que en el momento de editarse este artículo -a mediados de junio- se habían interpuesto ante los tribunales al menos 62 recursos y/o demandas contra las disposiciones adoptadas por el Gobierno durante la pandemia, contra sus miembros individualmente o contra otros representantes de la Administración. La Sala de lo Penal debía pronunciarse ya entonces sobre 13 querellas y 17 denuncias y la Sala de lo Contencioso-Administrativo resolver sobre 32 recursos. Y a ellas hay que sumar los innumerables procedimientos abiertos en juzgados de instrucción o de lo social a lo largo de todo el país e incluso algunas demandas presentadas a nivel internacional.
Hecho este breve inciso introductorio debemos decir que las acusaciones se dirigen principalmente contra el Ministro de Sanidad Salvador Illa, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias Fernando Simón, el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el Gobierno al completo. Y abarcan desde la prevaricación al homicidio por imprudencia grave pasando por delitos contra los derechos de los trabajadores, delito de lesiones graves y delito de omisión del deber de socorro entre otros. Denuncias sobre las que todavía no se ha pronunciado la propia Fiscalía General del Estado -y por ende sus jerárquicamente dependientes fiscales- obviando que el art. 124 de nuestra constitución sobre sus funciones dice: “Tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”. ¿Cómo tiene pues la Fiscalía General del Estado que dirige hoy la exministra de Justicia y candidata al Congreso por el Partido Socialista Obrero Español (POSE) Dolores Delgado la desfachatez no ya de no haber actuado de oficio para investigar tanto despropósito -que también- sino de oponerse a la acción popular? Porque su lamentable actitud contrasta con las de las fiscalías de otros países de nuestro entorno. En Francia por ejemplo el fiscal de París Rémy Heitz anunció el pasado 9 de junio una amplia investigación sobre la gestión de la crisis -muy criticada también allí- que se ha encomendado a la Oficina Central para la Lucha contra el Daño al Medio Ambiente y la Salud Pública (OCLAESP). En Italia el propio Primer Ministro Giuseppe Conte se vio obligado a declarar durante tres horas como testigo el 11 de junio ante la fiscal de Bérgamo Maria Cristina Rota ante la que asimismo declararon los ministros italianos de Sanidad e Interior. Cabe agregar que el Primer Ministro sueco, Stefan Lofven, ha anunciado también una investigación independiente sobre su gestión que se efectuará antes del verano.
LA PRIMERA EN LA FRENTE
Tres son los principales delitos de los que se acusa a los diferentes responsables de la gestión de la crisis sanitaria decretada: prevaricación -entre otras razones por permitir las manifestaciones del 8 de marzo-, homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Delitos técnicamente difíciles de sustanciar, especialmente si no se cuenta con el apoyo de la Fiscalía. Vamos a analizar por qué examinando lo ocurrido en algunas de las iniciativas judiciales ya puestas en marcha.
La primera querella admitida a trámite relacionada con las muertes que hubo durante la pandemia la asumió la jueza del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid Carmen Rodríguez Medel a finales de marzo y la presentó el abogado Víctor Valladares contra todo el gobierno y sus delegados autonómicos por permitir las concentraciones del 8 de marzo ampliándose posteriormente contra Fernando Simón. El abogado denunciante acusaba a todos ellos de prevaricación y delito de omisión por no haber prohibido las manifestaciones y otros eventos del 8 de marzo a pesar de conocer todos ellos el peligro de contagio pues ya había avisos al respecto de la OMS, la Unión Europea y ¡el propio Fernando Simón! La jueza, sin embargo, decidió al final asumir solo la posible responsabilidad del Delegado del Gobierno en Madrid, Jose Manuel Franco, pero descartando apriorísticamente el delito de omisión e investigando solo el de prevaricación.
El principal documento sobre el que se fundamentó la querella -entre otros muchos- fue el informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades del 2 de marzo en el que se hablaba ya de un riesgo “de moderado a alto” de expansión de la enfermedad. “El virus se propaga rápidamente -se dice en el informe- y puede tener un enorme impacto en la salud pública con resultados fatales sustanciales en grupos de alto riesgo e interrupción económica y social”. Y de hecho para impedirlo, entre las medidas recomendadas, se destacaba «la implementación del distanciamiento social; por ejemplo la suspensión de reuniones a gran escala y el cierre de escuelas y lugares de trabajo para interrumpir las cadenas de transmisión”.
Según un informe del forense de ese juzgado Julio Lorenzo Rego emitido el 18 de mayo es “cierto y seguro” que de haberse impedido la manifestación del 8M en Madrid “se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad”. El caso se volvería viral cuando el 22 de mayo El Confidencial aseguró que había además un informe de la Guardia Civil que apuntaba directamente a Fernando Simón como posible responsable penal por no haber tomado medidas para evitar los actos multitudinarios de ese fin de semana a pesar de que tres días antes ya tenía datos que evidenciaban la gravedad de la situación.
En suma, la jueza no quiso investigar la responsabilidad de Simón pero en el Gobierno empezó a haber nerviosismo y ese mismo día -22 de mayo- la Abogacía del Estado acusó a la jueza de iniciar una “causa general” contra el gobierno con celeridad injustificada y sin motivos jurídicos o procesales así como de realizar una investigación prospectiva -es decir, indagar para ver si sale algo- lo que provoca indefensión. Dos días después -el 24 de mayo- el Gobierno cesaba al coronel Diego Pérez de los Cobos, responsable de la Comandancia en Madrid de la Guardia Civil en una decisión manifiestamente injustificada que llevaría a dimitir como protesta al teniente general Laurentino Ceña. El escándalo social provocado -minimizado inmediatamente por los medios gubernamentales y progubernamentales- llevaría al Ministro del Interior Fernando Grande Marlaska a justificar el cese como parte de un relevo normal en la cúpula pero semanas después la propia Directora General de la Guardia Civil, María Gámez, reconocería que se le había destituido por “pérdida de confianza” al “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento”. Reconocimiento que llevaría a la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena a denunciar a la propia María Gámez por prevaricación.
En fin, que los fiscales en España se ven impelidos a seguir órdenes de sus superiores en lugar de actuar con independencia lo constata por ejemplo -entre otros muchos- que los dos que presentaron la acusación contra Jose Manuel Franco, Enrique Remón Peñalver y Gloria Yoshiko Kondo, vieron corregido su escrito “hasta la última coma» por el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica Álvaro García Ortiz, «segundo» de Dolores Delgado en el ministerio. Lo denunció públicamente el diario Libertad Digital según el cual por eso el escrito de la Fiscalía se presentó en blanco, sin las firmas de esos dos fiscales. Y eso que éstos consideraban que si bien a Franco Pardo no se le podía aún imputar ningún delito penal debería declarar como imputado y la investigación seguir adelante. En pocas palabras, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía pidieron el cese de las actuaciones, la paralización de la investigación y que no declarara Franco Pardo lo que la jueza rechazó de plano.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA SÍ, PENAL NO.
Sin embargo, tras declarar una docena de testigos la jueza Rodríguez Medel notificó -el 12 de junio- que sobreseía provisionalmente el caso al no poder acreditarse delito por parte de Franco Pardo, decisión que fue de inmediato recurrida por las dos asociaciones personadas: la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y la Asociación de Consumidores y Usuarios Juan de Mena. El argumento de la jueza es que es técnicamente complicado asociar las muertes acaecidas durante la pandemia al posible contagio durante manifestaciones multitudinarias. Y suele ser judicialmente así porque una cosa es lo que dicta la lógica y el sentido común al analizar los hechos y otra la verdad judicial, la que puede «probarse» de forma indubitable.
Ahora bien, el fallo señalaba que Franco “no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones” pero luego le “reprende” diciendo que «no consta oficialmente que Franco hiciera algo para informarse a través de las autoridades sanitarias competentes» reprochándole además que “podría haberse planteado la necesidad de recabar informes o datos de las autoridades sanitarias competentes que le facilitaran criterios para su toma de decisión en los expedientes de concentraciones y manifestaciones de esa semana«. Es más, le acusa de «pasividad» al seguir aceptando la celebración de eventos multitudinarios en Madrid sin recomendar medidas de protección. La jueza aprovechó también para criticar a la Comunidad de Madrid al considerar que la documentación relativa a la crisis sanitaria aportada era claramente insuficiente para que se adoptasen medidas. Y lo mismo hizo con el Ministerio de Sanidad, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación por no informar adecuadamente del peligro de expansión del virus en las concentraciones.
En suma, la jueza viene a decir que hubo evidentes responsabilidades políticas pero no puede demostrarse que hubiera delitos penales.
CABEZA DE TURCO
La persona con más denuncias es Fernando Simón, probable cabeza de turco que seguramente será utilizado como “tapón» judicial ante cualquier proceso que pretenda involucrar a altos cargos del gobierno aunque ni le imputó la jueza Rodríguez Medel ni el titular del Juzgado de Instrucción nº 11 de la capital que rechazó admitir a trámite una querella en su contra por homicidio imprudente interpuesta por la familia de uno de los fallecidos por la Covid-19 alegando no ser competente al producirse los hechos en Móstoles y no en Madrid.
Sí la ha admitido en cambio el Juzgado de Instrucción nº 53 madrileño cuya titular es Mónica Aguirre de la Cuesta estando acusado Fernando Simón de un delito de imprudencia temeraria; la querella la presentó en abril la Asociación de Consumidores y Usuarios Juan de Mena e incluye a la Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad Pilar Aparicio Azcárraga y al Secretario General de Sanidad y Consumo Faustino Blanco González.
“Los querellados -se dice en el auto- ocultaron o informaron maliciosamente al Ejecutivo dando lugar a que no se dictaran las medidas adecuadas en el momento oportuno provocando con ello una infinidad de enfermos graves y de fallecimientos (…) De la desinformación a la opinión pública y al Gobierno por parte de los querellados se desprende la falta de previsión en la compra de materiales (mascarillas, respiradores…) para combatir la pandemia (…) El retraso en la compra de respiradores es causa directa de la muerte de quienes los necesitan y no disponen de ellos, el retraso en la compra de material de protección es causa directa del contagio del personal sanitario, del personal de las fuerzas armadas, del personal de transporte y de todos aquellos que están arriesgando su salud o su vida para atender las necesidades perentorias de otros”.
La querella recuerda que el 2 de marzo el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ya había hecho público un informe sobre las medidas recomendadas y entre ellas se incluían el distanciamiento interpersonal y las organizativas (como la “cancelación o aplazamiento de un evento), advertencias que no se tuvieron en cuenta «poniendo así a la población española en grave peligro”.
Según algunos expertos consultados por la revista no sería de extrañar que al final varios de los acusados -e incluso todos- terminen recurriendo si el asunto se pone feo al falaz argumento de que fueron «engañados maliciosamente” a fin de exculparse.
¿EL GOBIERNO AL BANQUILLO?
El 12 de mayo 3.268 personas presentaron ante el Tribunal Supremo en nombre de 116 familias que perdieron a 3.274 familiares durante la pandemia una querella contra el presidente del Gobierno y sus 22 ministros por “un presunto delito de homicidio por imprudencia grave” al “haber permitido por acción o por omisión” la extensión de la pandemia debido a “un comportamiento irresponsable, negligente inacción y actuación tardía y nefasta”. La querella la presentaron en nombre de esos miles de españoles once abogados de diferentes provincias de España y se apoya en las numerosas declaraciones de advertencia de distintos organismos nacionales e internacionales. El escrito asevera que “con desprecio de las recomendaciones de las instituciones sanitarias mundiales los querellados que integran el Gobierno de España no acordaron la adopción de medida alguna que evitara o minimizara la propagación exponencial de la enfermedad y el riesgo de contagio en nuestro país permitiendo que se siguiera llevando una vida ‘normal’, sin recomendaciones de qué hacer ante la situación que se avecinaba y que otros países ya estaban sufriendo (…) Como es lógico todo ello contribuyó a la vertiginosa propagación del virus en todo el territorio nacional y más cuando la asistencia a los actos señalados anteriormente fue profusamente alentada por muchos de los querellados”. Entre los documentos de apoyo se aporta un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada en el que se afirma que si se hubieran implantado medidas solo una semana antes se habría producido un 62% de contagios y ello habría impedido a su vez “el colapso de los centros sanitarios coadyuvando así a paliar considerablemente la letalidad”.
Tal es la estrategia jurídica elegida por esos once abogados que de nuevo carece de recorrido a juicio de los expertos consultados por nuestra revista ya que difícilmente va a inferirse que las muertes son consecuencia directa única de las negligentes omisiones y actuaciones denunciadas. Sobre lo que sí podría pronunciarse el Supremo -y podría ser el auténtico «talón de Aquiles» de la gestión gubernamental- es de si hubo o no delito de corrupción en las compras de suministros sanitarios ya que en la querella se es en si hubo o no delito en las compras de suministros sanitarios ya que en la querella se acusa también a miembros del gobierno de “gestionar adquisiciones fraudulentas de material sanitario de utilización en el diagnóstico de la enfermedad (test), material de prevención de contagio y protección de las personas implicadas (mascarillas) favoreciendo presuntamente el enriquecimiento de entidades o personas relacionadas con el gobierno o los partidos políticos a los que pertenecen los querellados, anteponiendo no solo la ideología política sino también el ánimo de lucro a la salvación de vidas humanas”. Lo que argumentan con el hecho probado de que rechazaron ofertas de empresas, laboratorios y proveedores solventes optando por “contratar a dedo” a empresas desconocidas en el sector, técnicamente insolventes, carentes de prestigio y sin experiencia para negociar en el mercado internacional. Todo lo cual se hizo además sin la preceptiva fiscalización administrativa.
Hay además otras dos querellas destacables, una de ellas muy amplia presentada por la asociación Hazte Oír contra los miembros del Gobierno por homicidio imprudente, prevaricación, imprudencia grave con resultado de muerte y lesiones, omisión del deber de socorro, delitos contra la seguridad de los trabajadores y contra los sentimientos religiosos.
La otra la presentó la Asociación Española de Afectados y Víctimas del Covid-19 contra Pedro Sánchez ante la Corte Penal Internacional de La Haya por delito de lesa humanidad que se ampara en el artículo 7 de su Estatuto según el cual así debe considerarse todo acto cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil; de momento la Corte Penal Internacional ha dado por recibida la denuncia.
YA HAY SENTENCIAS
Y es que algunos jueces que siguen creyendo en el sistema y no se dejan presionar se empeñan en hacer su trabajo con independencia. El Juzgado de lo Social de Teruel por ejemplo -solo hay uno- admitió una denuncia del sindicato de personal sanitario de Aragón FASAMET contra el Gobierno de esa comunidad y emitió un fallo según el cual durante la pandemia se vulneraron los derechos de los sanitarios al no haberles proporcionado el material de protección necesario “poniendo en riesgo grave su vida, integridad física y salud, y lesionando su derecho a la integridad física y a la protección de la salud”. Una denuncia que en esa ocasión sí apoyó el fiscal al considerar probado el desabastecimiento admitiéndolo expresamente: “Fue previsible y evitable”. El fallo consta de 128 folios, está lleno de argumentaciones jurídicas y en él la magistrada Elena Alcalde es contundente: “La imprevisibilidad que aducen las demandadas resulta desvirtuada en atención a los numerosos avisos y recomendaciones de la OMS desde enero de 2020 y acrecentados en febrero de 2020; asimismo, de los propios informes del Gobierno desde el 23 de enero de 2020, se desprenden que conocían esos datos de la OMS y, por tanto, podían prever la forma de propagación del virus entre personas”. La sentencia de Teruel reconoce que con independencia de la gestión del gobierno central las comunidades autónomas tenían la responsabilidad de actuar en el marco de sus competencias y margen suficiente para hacerlo.
Apenas una horas después de conocerse el fallo la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco fallaba dos veces contra el Gobierno Vasco por vulnerar el derecho a la integridad física de los agentes de la Ertzaintza al no proveerles del material de protección necesario.
Las sentencias son un excelente precedente para las reclamaciones similares presentadas por otros colectivos profesionales. Nos referimos a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la Asociación Profesional de la Guardia Civil, JUPOL (Justicia Policial) -sindicato mayoritario de la Policía Nacional-, el Consejo General de la Enfermería de España, el Consejo General de Colegios Oficiales Médicos y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, entre otros.
EL DRAMA DE LOS GERIÁTRICOS
Donde la batalla judicial puede sin embargo ser más dura es en el ámbito de las personas mayores ya que han sido las principales víctimas de todo lo sucedido. En el momento de entregar este número a imprenta el Gobierno seguía manteniendo que las muertes achacadas en España a la Codiv-19 son 27.136 de las que 19.517 (el 71,9%) se produjeron en las 5.457 residencias de ancianos españolas -públicas, concertadas y privadas- aunque la mayoría de las defunciones tuvieron lugar en las de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Queda por ver si esas cifras «provisionales» se confirman, si las causas de las muertes que aparecen en las actas de defunción son concretas o imprecisas, si recibieron o no en las residencias asistencia sanitaria, si es verdad que a muchos no se les pudo -o no se quiso- llevar a los hospitales, si a muchos de los que fueron se les rechazó al llegar por «órdenes superiores” y si puede probarse que incluían la sugerencia de sedarles para que muriesen sin sufrir denegándoles pues el auxilio mínimo y la atención médica exigibles.
José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, afirma al respecto que salvo en casos puntuales que habrá que valorar judicialmente en la mayoría de las residencias se mantuvo en ellas a los ancianos bien porque no había plazas en los hospitales al estar saturados, bien porque el traslado hubiera podido empeorar su estado de salud. ¿Razones o excusas? El tiempo nos lo dir
Lo que sí está claro es que el control de esas residencias lo había asumido el vicepresidente Pablo Iglesias, que era el Gobierno central y no el de las comunidades quien coordinaba toda la gestión de la pandemia y que cuando se desveló lo sucedido el máximo dirigente de Podemos culpabilizó de todo lo sucedido a los dirigentes autonómicos, especialmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso. Lo que se le “olvidó” comentar es que porcentualmente murieron más ancianos en Aragón, Extremadura, Cantabria, Navarra, Asturias, la Rioja, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana e Islas Baleares -todas ellas gobernadas por el PSOE, solo o en coalición- así como en Cataluña que en Madrid.
En cualquier caso lo verdaderamente trascendente es que la Fiscalía General del Estado ha abierto más de 130 investigaciones penales para tratar de averiguar qué pasó y a ellas hay que sumar otras 176 diligencias civiles.
Eso a mediados de junio porque hay otras entidades y bufetes que preparan nuevas denuncias y querellas. La Asociación El Defensor del Paciente por ejemplo se ha hecho cargo ya de varias decenas de casos denunciando cómo las personas mayores a las que representan fueron desatendidas, a muchas se les negó el traslado a hospitales cuando su estado empeoró y, lo que es más grave, a algunas se las sedó hasta la muerte en los propios geriátricos.
El 12 de junio el Juzgado de Instrucción nº 10 de Barcelona comunicó por su parte la apertura de diligencias previas para decidir si admitía a trámite la denuncia presentada por el letrado Luis de Miguel Ortega en nombre de Dulce Revolución y del conocido horticultor catalán Josep Pámies por un posible delito de homicidio de ancianos derivado de las instrucciones del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña que divulgó la Consejera de Salud de la Generalitat Alba Vergés. La denuncia asegura que el colegio de médicos catalán recomendaba expresamente retirar el soporte ventilatorio automático a las personas mayores y darlas Midazolam para “mejorar su confort” cuando se sabe que su uso por ancianos con problemas respiratorios puede ser mortal. Según Luis de Miguel Ortega las personas mayores ingresadas en las residencias fueron además utilizadas para hacer ensayos clínicos sin su consentimiento informado y violando sus derechos fundamentales. “En España los gobiernos, como por ejemplo el catalán, se han embarcado en una deriva totalitaria y eugenésica difícil de tolerar”, afirma. Y añade: “Pretenden vacunar obligatoriamente a los niños, experimentar con adultos y ejercer la eutanasia con los ancianos. Tal es el escenario de la Nueva Normalidad”.
Francisco Sanmartín
