El Gobierno aprueba una ley que permite que sigan irradiándonos impunemente

Aunque la electrosensibilidad se reconoce ya judicialmente como algo que incapacita para trabajar en ámbitos con Wi-Fi, telefonía inalámbrica y antenas de telefonía el Gobierno acaba de aprobar -el pasado mes de julio- un real decreto que una vez más permite a los lobbies de las telecomunicaciones contaminarnos electromagnéticamente con impunidad en lugar de atender las peticiones de reducir cuanto antes sus niveles de emisión. En suma, se han ignorado las alertas de la Agencia Europea del Medio Ambiente, las resoluciones del Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y el Dictamen de la sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y de la Sociedad de la Información del Comité Económico y Social Europeo. Una auténtica vergüenza.

A pesar de que según la Constitución un gobierno en funciones sólo puede aprobar decretos-leyes en casos de “extraordinaria y urgente necesidad” el gobierno de Mariano Rajoy, sin que apenas nadie haya reparado en ello, aprobó el pasado 22 de julio el Real Decreto 299/2016, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos, trasposición de la Directiva Europea 2013/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa de 26 de junio de 2013, norma que en teoría debería cubrir no sólo los riesgos en las grandes instalaciones y equipamientos industriales sino también los derivados de las emisiones electromagnéticas en cualquier recinto laboral. La realidad sin embargo es que en pleno verano y de forma discreta ha aprobado una norma que está lejos de defender la salud de los trabajadores y de cumplir las recomendaciones internacionales que invitan a reducir cuanto antes los límites de exposición a las radiaciones electromagnéticas de la población tanto en sus casas como en los lugares de trabajo. Y lo paradójico es que el real decreto se aprobó pocos días después de que -por primera vez- el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconociera en España el derecho de un trabajador -en este caso de la empresa Ericsson– a una prestación por incapacidad permanente al estar afectado de electrosensibilidad, algo que le provocó una exposición continuada en el tiempo a emisiones electromagnéticas procedentes de espacios con alta actividad electromagnética pero también de ordenadores, wifis y móviles, dispositivos que quedan claramente fuera del ámbito de la ley citada.

En Discovery DSALUD llevamos ya muchos años denunciando los graves daños que pueden causar las radiaciones electromagnéticas de los centros de transformación, las subestaciones eléctricas, las líneas de alta tensión y los dispositivos de comunicación radioeléctrica: antenas de telefonía, móviles, teléfonos inalámbricos, radares, Wi-Fi, Wimax, Bluetooth… (vea en nuestra web –www.dsalud.com– el apartado dedicado a las radiaciones con 44 artículos publicados al respecto). Una y otra vez hemos denunciado la hipocresía de los fabricantes y de las autoridades –nacionales e internacionales- que siguen ignorando el problema a pesar de que cientos de investigaciones independientes y resoluciones internacionales advierten ya de sus imprevisibles consecuencias sanitarias y económicas. Es más, gran parte de la responsabilidad de la situación actual –al menos en España- recae en unos jueces generalmente insensibles lastrados por una legislación excesivamente permisiva y unos partidos políticos que tienen la desfachatez de votar en organismos y conferencias internacionales a favor de las propuestas que exigen revisar urgentemente las normas que regulan el sector de la electricidad y la telefonía por entenderse que están obsoletas mientras en España se niegan a adoptar esas mismas medidas que asumen en el extranjero como ha quedado de manifiesto con la reciente aprobación del real decreto mencionado del que ahora hablaremos.

Todos ellos han hecho hasta ahora caso omiso de los cientos de personas que ya han acudido a médicos, autoridades y jueces a explicarles que en sus casos el límite de tolerancia se ha sobrepasado negándose así a asumir que la sociedad se enfrenta hoy a una nueva patología que puede convertirse en poco tiempo en epidémica si no se afronta rápida y radicalmente: la electrosensibilidad. Hablamos de una patología sobre la que los “expertos” de las compañías y las autoridades se mofaron inicialmente y que en algunos países como Suecia se reconoce ya como motivo de incapacidad laboral. Bautizada médicamente como Síndrome de Hipersensibilidad Electromagnética (EHS) se identifica por la aparición de muy diversos síntomas fisiológicos como dolores de cabeza recurrentes, cansancio crónico, taquicardia, mareos, confusión mental, dificultad de concentración, ansiedad, nerviosismo injustificado, insomnio o hiperactividad -que en muchos casos son erróneamente considerados como síntomas de fibromialgia, fatiga crónica o sensibilidad química múltiple- y aparecen cuando la persona afectada se expone a radiaciones electromagnéticas. Una reacción del organismo que éste acusa ya bruscamente –de forma similar a lo que sucede en el caso de las alergias- cuando la persona ha estado expuesta durante largo tiempo a niveles variables de radiación. De hecho el propio Ministerio de Sanidad introdujo en septiembre de 2014 la hipersensibilidad electromagnética dentro del grupo de alergias no específicas.

Con el paso del tiempo la simple cercanía a un teléfono móvil puede significar para quienes la padecen un malestar insoportable que en alguna ocasión ha llevado a sus víctimas al suicidio. Sólo es pues cuestión de tiempo que los médicos empiecen a reconocer la magnitud del problema. En cuanto sean capaces de poner nombre a la suma de síntomas calificados hoy como de “origen o etiología desconocida”.

El alcance del problema empieza a ser ya tal que se calcula que en el mundo ¡un 10% de la población! es electrosensible -aunque en diferentes grados de afectación- si bien solo un 3% es consciente no achacando los demás sus problemas de salud a ello. Como no lo era Ricardo Francisco de 47 años de edad, hasta hace poco ingeniero de telecomunicaciones de Ericsson España. En 2007 comenzó a sufrir taquicardias que le llevaron en más de una ocasión a Urgencias sin que los cardiólogos le diagnosticaran patología alguna. Engordó más de 20 kilos en nueves meses por problemas de tiroides y comenzó a vivir situaciones de depresión, ansiedad, agresividad y falta de concentración que le llevaron a ponerse en tratamiento psicológico y psiquiátrico y a pedir la baja laboral. Al cabo de un año regresó al trabajo pero a los pocos meses volvieron a reproducirse los síntomas y a sufrir algunos nuevos; como dolores insoportables en el oído izquierdo. Volvió pues a solicitar la baja laboral -esta vez se la dieron por dos años- tras diagnosticarle electrohipersensibilidad. Transcurrido ese tiempo volvería al trabajo pero la situación era ya insostenible y la propia empresa, una vez agotadas las posibilidades de adaptación a otras actividades y de acuerdo con los servicios médicos, declaró al trabajador “No apto para realizar su profesión” siendo despedido con indemnización.

CUANDO LA JUSTICIA ES JUSTA

A partir de ese momento Ricardo Francisco comenzaría una batalla judicial para conseguir que se le reconociera su derecho a la incapacidad laboral permanente al tiempo que se veía obligado a cambiar sus hábitos cotidianos. Hoy ha eliminado de su vida el móvil, el router, el wifi, ha apantallado su vivienda con mallas metálicas para evitar las ondas de alta frecuencia, ha perdido gran parte de su vida social porque hay gente que no entiende su sufrimiento y camina por la calle tratando de evitar las zonas con antenas o a las personas que a su lado hablan por el móvil. La única buena noticia que ha recibido en los últimos meses ha sido la sentencia 588/2016 de 6 de julio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que se le reconoce la incapacidad permanente total para trabajar en entornos de contaminación electromagnética porque, como se reconoce en ella, su trabajo se desarrollaba “en contacto constante y a diario con ordenadores en un entorno en el que existen campos electromagnéticos, conexiones móviles y radiofrecuencias wifi” tanto en las oficinas de Ericsson como en las salas de equipos y oficinas de los posibles clientes. Sin embargo su victoria no ha sido fácil.

El primer intento para que se le reconociera la incapacidad laboral chocó con el Equipo de Valoración de Incapacidades de la Seguridad Social que emitió su dictamen el 6 de junio de 2014 fallando contra su solicitud aun reconociendo el daño que sufría: “Trastorno ansioso depresivo con predomino de irritabilidad y dificultad para control de impulsos, síndrome de electrosensibilidad (EHS), síndrome de sensibilidad química múltiple (SQM), de intestino irritable, seco de mucosas”. Y negó su calificación de trabajador incapacitado permanente alegando que no presentaba reducciones anatómicas o funcionales que disminuyeran o anularan su capacidad laboral. ¿Su respuesta? Demandó judicialmente al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General fallando en su contra en primera instancia el Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid. Ricardo Francisco no se conformó y llevó su caso hasta la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid presentando en su recurso un nuevo hecho probado: la calificación por parte del Servicio de Prevención de la propia empresa del demandante como “Personal especialmente sensible”. Aportando además algo que sería clave para la resolución a su favor: un informe del Hospital de Guadalajara en el que los médicos afirmaban: “En presencia de esta exposición a campos electromagnéticos, como la que se encuentra en su lugar de trabajo, aparecen en el paciente síntomas de hipersensibilidad, sobre todo referidos al sistema nervioso (cefaleas, acúfenos, insomnio y otros trastornos del sueño, astenia y fatigabilidad, cambios de ánimo, nerviosismo, irritabilidad o agresividad, alteración de la concentración y memoria reciente, etc., que mejoran al alejarse de su exposición”. Un informe que no hace sino recoger los síntomas que internacionalmente se reconocen como manifestaciones de Electrohipersensibilidad y/o Sensibilidad Química Múltiple.

Como resultado final el fundamento quinto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid afirma: “Queda razonablemente acreditada la incapacidad permanente total del demandante para su profesión habitual de Ingeniero de Telecomunicaciones a causa del síndrome de sensibilidad química que padece o hipersensibilidad electromagnética que el Ministerio de Sanidad español ha calificado en su versión de la clasificación internacional de enfermedades CIE-9-MC dentro del grupo de alergias no específicas (código 995.3). Alergia que provoca en quien la padece pérdida de tolerancia inducida por, a modo de focos más recurrentes, la contaminación radioeléctrica, teléfonos inalámbricos, antenas de telefonía móvil y WIFI que obliga a quien lo padece a reducir al máximo su exposición en los entornos doméstico y laboral y evitar lugares con contaminación electromagnética”. La sentencia reconoce que podría trabajar en “zonas blancas” -áreas en las que no existe ningún tipo de contaminación electromagnética- pero asume que hoy eso sólo parece existir en áreas rurales.

Para Jaume Cortés, abogado del Colectivo Ronda que ha representado a Ricardo Francisco en su reclamación y uno de los principales expertos jurídicos en el ámbito de la electrohipersensibilidad, la sentencia supone “un importante y significativo avance en la lucha contra la invisibilidad médica y administrativa de una patología grave que, según admite la propia OMS, afecta en mayor o menor grado a entre un 5% y un 10% de la población mundial sin que se estén tomando medidas efectivas para contener su creciente incidencia. Y un avance también para que se deje de cuestionar de manera reiterada e injustificada las alteraciones funcionales y anatómicas que pueden ocasionar a personas con afectación severa, como es el caso”. Para Cortés la sentencia es una sólida advertencia “sobre el peligro que supone una exposición cada vez más intensa y descontrolada de todo tipo de campos electromagnéticos y redes inalámbricas sin que prime el elemental ejercicio del Principio de Precaución a la hora de establecer límites a esa exposición que sean seguros para la salud humana, incluidas la de personas con especial sensibilidad”. Lo lamentable es que esta sentencia tenga que calificarse de extraordinaria cuando el tribunal no ha hecho más que tener en cuenta las resoluciones internacionales de los últimos años antes citadas.

REALIDAD CIENTÍFICA

Recordemos que a pesar de la enorme cantidad de evidencia científica acumulada aún no existe “consenso científico” sobre las causas de la electrosensibilidad ni sobre su tratamiento; como tampoco lo existió en los inicios de las epidemias del tabaco o el amianto. Sin embargo resulta sospechoso el posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que por una parte reconoce la existencia de la hipersensibilidad electromagnética y por otra ¡se niega a asociarla con las radiaciones electromagnéticas! Basta leer lo que dice el comunicado que emitió la OMS en 2005 con el título Hipersensibilidad electromagnética: “La EHS –siglas en inglés de hipersensibilidad electromagnética- se caracteriza por una variedad de síntomas no específicos que difieren de una persona a otra. Los síntomas son ciertamente reales y pueden variar ampliamente en su gravedad. Y cualquiera que sea su causa la EHS puede ser un problema incapacitante para el individuo afectado. La EHS no tiene criterios claros de diagnóstico y no hay ninguna base científica para relacionar los síntomas de la EHS con la exposición a las radiaciones electromagnéticas”.

Aunque lo peor es que la OMS recomendó entonces a los médicos que se centrasen en el tratamiento de los síntomas y no en la necesidad de reducir o eliminar las radiaciones electromagnéticas del entorno del paciente aconsejándoles además “una evaluación para identificar condiciones alternativas psiquiátrico / psicológicas que puedan ser las responsables”. Una sugerencia vergonzosa que acabó siendo asumida por nuestros legisladores consiguiendo además que los médicos optaran por tratar a las personas con electrosensibilidad como si se tratara de “dementes”. Todo ello a pesar de que son ya muchos los estudios e investigadores que confirman la gravedad del problema destacando entre ellos los trabajos del equipo del doctor Dominique Belpomme -profesor de Oncología en la Universidad París-Descartes y presidente de la Asociación Francesa para la Investigación Terapéutica en Cáncer (ARTAC)- que estudia desde mayo de 2008 lo que ha denominado Síndrome de Intolerancia Electromagnética (SICEM). Éste, en su trabajo Le syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques (El síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos), reconoce que realmente estamos ante una enfermedad. “Contrariamente a lo que se dice –explica en su informe- criterios objetivos de diagnóstico permiten afirmar que estamos en presencia de un trastorno somático y que, contrariamente a lo que sostienen sin pruebas algunos médicos y científicos estrechamente relacionados con las operadoras de telefonía, los enfermos ni simulan ni son enfermos mentales. La respuesta, definitivamente, es que sí, que se trata de una enfermedad real porque hemos sido capaces de demostrar la existencia en ellos -mediante eco dopplers cerebrales (o encéfalo-escáneres)- de una abertura en la barrera hematoencefálica y la existencia de hipoperfusión cerebrovascular así como un aumento en sangre de diferentes biomarcadores del estrés o de daño cerebral (proteínas de choque térmico HSP70 y HSP27, proteína O-mielina y S100B) y otros trastornos biológicos -detectados en la orina-; como un aumento de la histamina circulante y un descenso de la melatonina. Perturbaciones que permiten reconocer objetivamente el daño”.

Belpomme también confirmaría la conexión entre electrosensibilidad y sensibilidad química múltiple ya que según su investigación el mecanismo que da lugar a la apertura de la barrera hematoencefálica es el mismo en ambos casos. El oncólogo francés concluye por todo ello con un claro aviso: “El riesgo de progresión del Síndrome de Intolerancia Electromagnética está relacionado con la posible aparición de trastornos neurológicos y enfermedades degenerativas en adultos, especialmente demencias tipo alzheimer y, en el caso de los niños, psicosis infantil. Es aquí donde se encuentra la gravedad potencial de las perturbaciones de origen ambiental”. Su preocupación le llevó a firmar en septiembre de 2015 junto a otro grupo de 25 investigadores internacionales encabezado por Igor Belyaev -del Laboratorio de Radiobiología del Cancer Research Institute perteneciente a la Academia de las Ciencias de Eslovaquia- la Declaración Científica Internacional de Bruselas sobre Electrohipersensibilidad y Sensibilidad Química Múltiple en la que, entre otras cosas, se afirma que existe ya evidencia científica suficiente revisada por pares que confirma la existencia de efectos adversos para la salud de los campos electromagnéticos. “Por tanto –se dice en la declaración- pedimos a todos los organismos e instituciones nacionales e internacionales que sean conscientes de este crítico problema de salud ambiental y que con urgencia ejerzan su responsabilidad -más concretamente la OMS- de actualizar sus consideraciones sobre la EHS de 2005 y 2014 y reconozcan la EHS y la SQM como parte de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS (CIE) tal como ya se ha hecho en Alemania y Japón que clasifican la SQM bajo un código específico. La EHS y la SQM deben estar representadas por códigos particulares en la CIE de la OMS con el fin de aumentar la conciencia de la comunidad médica, los gobiernos, los políticos y el público en general y así fomentar la investigación sobre la población que sufre estos síndromes patológicos y capacitar a los médicos sobre las medidas de prevención y los tratamientos médicos eficaces”. Entre los médicos e investigadores que firmaron el documento se encontraban también los doctores Peter Ohnsorge (lea en nuestra web –www.dsalud.com– el artículo titulado Peter Ohnsorge:La resolución de la mayor parte de la enfermedades exige evitar los productos tóxicos y eliminar los acumulados en el organismo” publicado en el nº 145) y William J. Rea (lea en nuestra web el artículo titulado William Rea: “A los médicos se nos ha ocultado la causa de las enfermedades” publicado en el nº 139) a quienes ya hemos entrevistado en la revista.

SORDERA OFICIAL

En fin, aunque importante la resolución judicial que comentamos no deja de ser una gota de agua en medio del mar de indiferencia que nuestro gobierno en funciones, con la complicidad del resto de fuerzas políticas, sigue manifestando ante los problemas provocados por las emisiones electromagnéticas. Buena prueba de ello es que quince días después de emitirse se aprobó el Real Decreto 299/2016, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos que en teoría debería cubrir no sólo los riesgos en las grandes instalaciones industriales sino también los derivados de emisiones electromagnéticas en cualquier recinto laboral. Y no va a ser así porque si bien en su artículo 2 se recogen los efectos biofísicos directos agrupándolos en térmicos y no térmicos -“estimulación de los músculos, de los nervios o de los órganos sensoriales”- se ignoran una vez más como posible causa de múltiples patologías los efectos a largo plazo sobre el ADN de exposiciones menores pero continuas que el texto no considera probados científicamente a pesar de la abundante literatura existente. “La norma –recoge el texto- no aborda los posibles efectos a largo plazo ya que actualmente no existen datos científicos comprobados que establezcan un nexo causal, ni los riesgos derivados del contacto con conductores en tensión”. Ni siquiera se dan indicaciones concretas de cómo minimizar tecnológicamente la exposición. Realmente lamentable.

Es más, el real decreto utiliza un lenguaje en apariencia muy proteccionista pero la realidad es que no aborda los problemas esenciales; lo denunció rápida y públicamente la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética y Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud (EQSDS), organismos que aúnan distintos movimientos contrarios a los actuales límites de exposición. “Al no tener en cuenta los efectos biofísicos a largo plazo –nos diría Julio Carmona, coordinador gallego de la Plataforma- se está ignorando la realidad de aquellos trabajos en los que de forma cotidiana la persona tiene que convivir con continuas emisiones electromagnéticas procedentes de antenas, equipos informáticos, wifi, etc., lo que en algunos casos supone muchas horas de absorción de estas emisiones al día y durante mucho tiempo”.

Es más, el Real Decreto multiplica por 5 los límites mínimos requeridos para proteger a la población general, límites que ya eran de por sí ampliamente cuestionados por la comunidad científica internacional por atender solo a los efectos térmicos y no a los bioefectos a largo plazo. Mientras en el Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre por el que se aprobó el Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas se recoge por ejemplo un límite de absorción de 10 watios por metro cuadrado para la población en general en la banda de emisión de entre 10 y 300 GHz el real decreto sobre salud laboral ahora aprobado establece una densidad de potencia de 50 watios por metro cuadrado para emisiones de entre 6 y 300 GHz. Es decir, ¡cinco veces más!

Y lo mismo puede decirse del uso como base para establecer los límites de la tasa de absorción de energía o SAR cuyos umbrales tanto para cuerpo entero como para las extremidades también se multiplican por cinco. “El uso de la tasa de absorción SAR está además muy cuestionado ya a nivel internacional como medida de protección –nos comenta Carmona- porque sólo mide la tasa de calentamiento de los tejidos. No es pues una media de protección real ya que ignora los efectos biofísicos que a largo plazo pueden desembocar en graves patologías como el cáncer”.

De hecho así se manifestó en el informe del Panel de Científicos de Seletun de 2010: “El TAS / SAR no constituye un enfoque adecuado para predecir la mayoría de los numerosos efectos biológicos en los estudios que reportan un mayor riesgo de cáncer, enfermedades neurológicas, trastornos de la función inmune, la fertilidad, la reproducción y la función neurológica (cognición, comportamiento, conducta, estado de ánimo, trastornos del sueño, etc.), mayor riesgo de colisiones de vehículos de motor, etc.” Y en un reciente dictamen de este mismo año de la Agencia Nacional Francesa de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, del Medio ambiente y del Trabajo (ANSES) que intenta proteger a los niños de las radiaciones de los móviles: La Agencia Nacional Francesa ANSES considera necesario revaluar la pertinencia de la tasa de absorción específica (SAR) que se utiliza para el establecimiento de valores límite de exposición humana”.

Javier Torres, miembro del Área de Salud Laboral de la confederal de Comisiones Obreras, nos diría por su parte: “Los límites que recoge el Real Decreto son aleatorios y miran más al interés de la industria que al de la población en general. De hecho suponen una clara violación de los derechos de los trabajadores al aprobar en sus centros de trabajo límites mínimos de exposición superiores a los permitidos para el resto de la población”.

Y la reacción de UGT ha sido similar; según el escrito que nos hizo llegar su departamento de comunicación están en profundo desacuerdo con las medidas de seguridad previstas en el real decreto. “El texto cubre sólo los efectos a corto plazo de la exposición a campos electromagnéticos no teniendo en cuenta los efectos a largo plazo de la exposición sobre la salud de los trabajadores a pesar de que hay organismos oficiales como la IARC que ya han publicado estudios sobre los efectos para la salud de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia concluyendo que deben clasificarse como posiblemente carcinógenos para los humanos (Grupo 2B). Para UGT el texto debería incorporar los efectos a largo plazo cuando exista evidencia científica”. Añadiendo: “Se echa en falta recurrir al Principio de Precaución incorporando en alguna ocasión la ‘sustitución del riesgo’ en lugar de aparecer durante todo el articulado la ‘reducción del mismo’. Al menos cuando los trabajadores están expuestos a campos electromagnéticos se debería aplicar en cualquier caso el principio ALARA según el cual todas las exposiciones deberían mantenerse en el nivel más bajo razonablemente posible ya que existe mucha incertidumbre sobre el creciente uso de la tecnología y los riesgos que producen los campos electromagnéticos (por ejemplo, teléfono móvil, imágenes por resonancia magnética en los hospitales, ordenadores personales, etc.). Se confunde en ocasiones el concepto ‘perjudicial para la seguridad’ en lugar de ‘perjudicial para la salud’”.

Es más, el Real Decreto supone una involución en el camino emprendido ya por algunas empresas. “Hasta ahora venían siendo las empresas las que, de acuerdo con sus departamentos técnicos, establecían los límites de exposición –nos comenta Javier Torres- pero este Real Decreto contempla límites mínimos superiores a los establecidos en estos momentos por algunas de ellas por lo que podrían aumentar los niveles de exposición”.

En definitiva, las medidas del Real Decreto recién aprobado contrastan con las llamadas a la prevención desde el ámbito sindical -especialmente en el ámbito escolar- y la reivindicación -como hace entre otros colectivos la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (CSTs-Intersindical)- del fomento de la conexión a Internet por cable a fin de evitar los problemas de salud derivados de las conexiones Wi-Fi y favorecer la integración en la comunidad escolar de las personas con hipersensibilidad electromagnética”.

HIPOCRESIA INSTITUCIONAL

En fin, del texto final no se podía esperar mucho más teniendo en cuenta el comportamiento de los organismos internacionales. Mientras instituciones consultivas como el Parlamento Europeo apuestan por la implantación de límites más restrictivos los gobiernos se niegan incluso a aplicar el Principio de Precaución. La Directiva que ha dado origen al Real Decreto no recoge por ejemplo los efectos biológicos a largo plazo cuando el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo solicitó que “se de impulso sin demora a la adopción de un Principio de Precaución que tenga en cuenta los riesgos de efectos biológicos no térmicos de las emisiones de campos electromagnéticos. En efecto, es preciso asegurar por completo a largo plazo unos niveles elevados de salud para los trabajadores mediante la aplicación de las mejores tecnologías disponibles a unos costes económicamente aceptables. El Comité espera que se introduzca una disposición en este sentido en el texto de la directiva”. ¡Pues que esperen sentados! Porque finalmente la Directiva no incluyo nada al respecto.

Es más, en una clara llamada de atención el Comité insistió en su Dictamen en la necesidad de reforzar la independencia de los organismos científicos que intervienen en la determinación de los umbrales de los niveles de exposición de los trabajadores a la radiación electromagnética. “Es necesario –señalan- poner término a la existencia de conflictos de interés entre los miembros de estos organismos, tanto respecto de la financiación como de la investigación o de su nombramiento (procedimientos y licitaciones, recurso a instituciones de investigación públicas independientes)”.

Bien podría ser una clara referencia al comportamiento de la OMS durante las últimas décadas negando los efectos biológicos de los campos electromagnéticos al tiempo que defiende las directrices –base de nuestra legislación- de la Comisión Internacional sobre Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), organismo que como denunciaron el pasado año un numeroso grupo de científicos -y nosotros hemos dicho reiteradamente- no hace sino servir los intereses de la industria.

En mayo de 2015, en un nuevo intento de alertar a la población, 190 científicos de 39 naciones, presentaron un escrito ante la ONU y la OMS solicitando la adopción de normas de protección más restrictivas frente a los campos electromagnéticos y la tecnología inalámbrica, fomentar las medidas de precaución y educar al público sobre los riesgos para la salud de las radiaciones, especialmente la de los móviles. No se les hizo caso.

El doctor Martin Blank, miembro del Departamento de Fisiología y Biofísica Celular de la Universidad de Columbia, autor de más de 200 trabajos -muchos de ellos dedicados a los efectos de la radiación electromagnética sobre las células y el ADN y uno de los firmantes del manifiesto- lleva denunciando el problema desde hace años: “Las normas de exposición frente a los campos electromagnéticos deben ser más restrictivas para reflejar la realidad de su impacto en nuestros cuerpos, sobre todo en nuestro ADN. Ya es hora de afrontar los graves efectos biológicos y nocivos para la salud que provocan. Hay que reducir la exposición mediante el establecimiento de límites más elevados de protección”. Un llamamiento en el que criticaba la incomprensible postura de la OMS porque hasta la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó en 2011 las radiaciones electromagnéticas como “posiblemente cancerígenas”.

Y es que la OMS -como la ONU y otros muchos organismos internacionales- están hoy al servicio de las grandes multinacionales y no de los ciudadanos. Es la lamentable realidad.

Elena Santos

Este reportaje aparece en
197
Octubre 2016
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