Los precios de los fármacos son arbitrarios e injustificadamente caros

Los precios de los medicamentos para enfermedades graves -muy especialmente los aprobados para el cáncer- se han disparado en los últimos años de forma exagerada sin que exista justificación real para ello, razón por la que varias organizaciones han decidido denunciarlo uniéndose en una campaña que lleva como lema No Es Sano. Entidades que aseguran que sus precios se fijan de forma arbitraria y poco transparente merced al poder de la industria farmacéutica. Un ejemplo: en España hay tratamientos para el cáncer por los que el estado puede llegar a pagar 100.000 euros por paciente para conseguir en el mejor de los casos prolongar la vida 2 o 3 meses. Es más, aseveran que 90 de los 400 fármacos más utilizados en el sistema público cuestan unos 1.000 euros y siete más de 10.000.

PRECIO MEDICAMENTOS

Hace más de diez años publicamos -en el nº 109 correspondiente a octubre de 2008- un artículo titulado Los quimioterápicos usados en cáncer, tan caros como inútiles que empezaba así: “¿Qué quieren decir los oncólogos -y los laboratorios- cuando afirman que un medicamento ‘funciona’ en casos de cáncer? ¿Que gracias a él los enfermos pueden superar la enfermedad, que van a quedar curados? En absoluto. Nada más alejado de la realidad. Lo que quieren decir es que -depende de cada caso y de cada fármaco- el medicamento puede ‘ralentizar o detener el crecimiento del tumor’ pero lo cierto es que antes o después en los cánceres que más vidas cuestan suele volver a crecer o termina apareciendo en otras zonas (lo que los oncólogos llaman metástasis). En suma, lo que ‘logran’ los fármacos usados en Quimioterapia por los oncólogos para los cánceres con peor pronóstico es prolongar la vida unas semanas o unos pocos meses -en el mejor de los casos- y normalmente a costa de empeorar enormemente la calidad de vida de quienes los usan. Y para tan exiguo y discutible ‘logro’ los estados abonan auténticas millonadas a los laboratorios. ¿Quiénes y con qué razones reales -científicas y médicas- deciden que el estado subvencione esos fármacos? ¿Y por qué nuestros representantes permiten además que se abonen por ellos precios inconcebiblemente desorbitantes teniendo en cuenta que sus resultados no son lo esperado? Porque hablamos de cientos de millones de euros cada año…”

Pues bien, una década después, cientos de millones de euros gastados en fármacos y más de un millón de muertos por cáncer en España la misma conclusión a la que entonces llegamos es la que se desprende del trabajo Medicamentos para el cáncer: altos precios y desigualdad que acaban de publicar varias organizaciones de salud pública en una campaña que han titulado NO ES SANO. Aunque en esta ocasión sus promotores se centran más en el injustificado derroche en fármacos que en su escasa eficacia: «Si bien es muy importante prolongar la esperanza de vida de los enfermos de cáncer todo lo que se pueda lo que parece cuestionable es que se paguen sumas de dinero tan altas por esos resultados cuando estos precios ya resultan inasequibles para el 20% de la población en Occidente. Esta situación cuestiona los criterios de aprobación de fármacos de las agencias reguladoras, en algunos casos sin contar con evidencias claras de seguridad y eficacia”.

¿En algunos casos? ¿Es que hay algún fármaco oncológico que cure el cáncer o alargue la vida años? Porque nosotros llevamos 20 años investigándolos y no conocemos ninguno. En hora pues de que la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad María Luisa Carcedo y el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades Pedro Duque –responsable de la I+D dedicada a la salud- comparezcan ante el Congreso de los Diputados a explicar los criterios con los que se está dilapidando el dinero. Porque el Gobierno sigue ocultando los criterios reales de cómo se financian los fármacos y cuál es su verdadera eficacia para ocultar la realidad.

Ya en el nº 204 -correspondiente a mayo de 2017- publicamos un extenso reportaje titulado La decisión sobre qué fármacos debe financiar el estado no se adopta de forma transparente en el que explicamos que la decisión sobre qué fármacos y productos sanitarios debe o no financiar el estado se adopta en España de forma opaca en lugar de transparente y pagando por ellos precios desmesurados. Acababa de denunciarlo públicamente la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) –organización que integra a 12 sociedades científicas con más de 3.000 asociados- basándose en informes del Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia según los cuales hay excesiva «discrecionalidad». De hecho contamos que España se había gastado en 2016 más de 21.000 millones de euros en fármacos y productos sanitarios -es decir, más de 1.700 millones mensuales según datos oficiales del Ministerio de Hacienda- siendo la Dirección General de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGCBSF) la que decide qué medicamentos y productos sanitarios se financian o no y para qué indicaciones y la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) la que fija –se supone que de forma motivada y atendiendo a criterios objetivos- los precios. Eso en teoría porque lo cierto es que el Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (CAFPF), órgano cuya creación se aprobó en el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, ¡sigue sin constituirse seis años y medio después!

Según nos contaría entonces Beatriz González López-Valcárcel -experta de la Asociación Economía de la salud integrada en la SESPAS y catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria- los criterios explícitos que se utilizan en España para la financiación pública de medicamentos deben regirse por unas reglas de juego claras pero la realidad es que tales decisiones «se toman de forma muy opaca y con criterios nada transparentes». Añadiendo que un grupo de investigadores encabezado por Itziar Oyagüez había hecho un estudio comparativo de los precios de los tratamientos farmacológicos en cánceres avanzados de varios tipos de tumores sólidos demostrando que en España algunos se pagan a precios desorbitados. «La verdad -nos diría- es que los fármacos oncológicos son carísimos -y aún más su combinación- y poco eficaces. Claro que no son los únicos: hay otros medicamentos de precios muy altos a pesar de que son igualmente poco eficaces. Como los usados en la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, las patologías autoinmunes y otras. Eso sí, los oncológicos son un caso paradigmático. Probablemente porque se ha convertido a los enfermos de cáncer en héroes que luchan contra la enfermedad, se ha explicado que una de cada cuatro personas padecerá cáncer antes o después y la gente les da por ello un valor social superior al de otros. Pero una cosa es eso y otra pagar 600.000 euros para lograr una supervivencia extra de un mes. Con ese dinero se sufragan entre 24 y 30 tratamientos».

POCOS MESES DE SUPERVIVENCIA A COSTES PROHIBITIVOS

Beatriz González se refería al trabajo Eficiencia de tratamientos oncológicos para tumores sólidos en España coordinado por la investigadora de Pharmacoeconomics and Outcomes Research Iberia ya citada -Itziar Oyagüez- que es por cierto el único realizado sobre el tema y cuyos resultados son esclarecedores. En él se analizaron 40 protocolos oncológicos de alto impacto -por su gran coste o su elevada prevalencia- para trece tumores metastásicos y según los datos la llamada «supervivencia libre de progresión» -el tiempo durante el cual el tumor no crece- oscila entre 1’5 y 12’4 meses sobreviviendo quienes se someten a ellos entre 5’3 y 33’3 meses. Constándole al estado entre 2.102’54 y 661.845’27 euros cada mes de libre progresión y entre 2.142’57 y 60.996,37 cada mes de supervivencia global –período que transcurre desde la administración del tratamiento en estudio hasta el último control realizado o el fallecimiento del paciente-. Tal es lo que llaman Relación Coste-Eficacia Incremental (RCEI). Ahora bien, en 22 de las 40 terapias estudiadas hubo un coste añadido superior a 15.000 euros y en 6 de entre 30.000 y 60.000 que se supone permitió un aumento de la supervivencia extra 2 a 3,7 meses.

Ahora bien, ¿cómo se compara la «eficacia» que se adjudica a un fármaco? ¿Comparando el tiempo durante el que se detiene el crecimiento del tumor y la supervivencia entre quienes lo toman y quienes no lo toman como parece razonable? En absoluto. Eso dejaría en pésimo lugar a todos ellos así que normalmente se compara el fármaco «más común» para la enfermedad -que se les da a todos– con lo que pasa si además se les da otro o bien entre otros dos tratamientos farmacológicos distintos.

Ejemplo del primer caso es la comparación de resultados entre lo que pasa si a personas con cáncer de mama se les da solo Paclitaxel o si además se les da Bevacizuma; y el resultado es que estos últimos sobreviven de promedio mes y medio más, tiempo por el que hay que pagar 33.212’9 euros.

Ejemplo del segundo son las comparativas entre Doxorubicina Liposomal Pegilada (DLP) frente a la Vinorelbina o la Mitomicina C + Vinblastina según la cual la primera permite una supervivencia global mayor -de 1,4 meses- con un coste por mes de 2.142 euros y entre Lapatinib + Capecitabina frente a Capecitabina que permite en los primeros una supervivencia global superior -de 9 días (0,3 meses)- con un coste por mes de 60.996 euros.

En cuanto al coste de lograr que durante un tiempo el tumor no crezca -«supervivencia libre de progresión»- en caso de carcinoma de células renales el Pazopanib logra 8,3 meses más que un placebo con un coste por mes de 2.471 euros mientras en el cáncer de páncreas el Erlotinib + Gemcitabina logra 6 días (0,2 meses) más que solo con la Gemcitabina con un coste por mes de 29.899 euros.

Cabe agregar que el Sunitinib logra 4’2 meses más de “supervivencia libre de progresión” que un placebo en caso de tumor en el estroma gastrointestinal con un coste de 2.102 euros por mes. Y que en casos de melanoma -el cáncer de piel más mortífero- el Ipilimumab proporciona 3 días (0’1 meses) más de “supervivencia libre de progresión” que la Vacuna péptido gp100 con un coste  de 661.845 euros por mes.

Lo increíble es que a nuestro ministerio –y a los oncólogos- les parezca razonable gastarse tal cantidad de dinero por retrasar su crecimiento solo unos pocos días.

Sirva en cualquier caso de meros ejemplos ya que lo principal de ese informe es que los autores remarcan su opacidad: “En España, ante la ausencia de directrices oficiales concretas para el desarrollo de evaluaciones económicas así como de un umbral de eficiencia o disponibilidad a pagar explícito, nos encontramos con un vacío sobre los criterios objetivos de financiación por el sistema público de los nuevos medicamentos”. Todo un agujero negro de información, transparencia y gasto. Y sobre los ensayos que dan lugar a la aprobación de los fármacos se revela una verdad inquietante: “Algunos de los esquemas terapéuticos no se asocian con ganancias en términos de supervivencia (SG y/o SLP) respecto a los comparadores incluidos en esos ensayos. La demostración de la hipótesis de no inferioridad, aunque no exenta de controversia, es habitualmente aceptada bajo el punto de vista clínico (…) Deberíamos reflexionar sobre el coste extra que supone la administración de una terapia autorizada sin demostrar superioridad sino únicamente no inferioridad de resultados o superioridad en base a diferencias estadísticamente significativas pero difíciles de traducir a supervivencia real en la práctica clínica”.

En otras palabras: hay fármacos que se aprueban no porque sean mejores o más eficaces que los ya existentes sino solo porque no son peores. Aunque para el mismo exiguo resultado sean mucho más caros. Una auténtica sinvergonzonada que lleva décadas perpetrándose con impunidad. 

PRECIOS EXORBITANTES

Pues bien, al trabajo Eficiencia de tratamientos oncológicos para tumores sólidos en España de Itziar Oyagüez acaba de unirse el titulado Medicamentos para el cáncer: altos precios y desigualdad de Irene Bernal y Eva Iráizoz en cuya revisión han participado Mónica Cavagna -socióloga y experta en Salud Pública-, David Hammerstein -cofundador de Commons Network y miembro del Governing Board de Cochrane Collaboration-, Luis López -oncólogo-, Vincenzo Pavone -científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-, Francesc Puigventós -farmacéutico hospitalario- y Ángela Santos -Senior Policy Advisor de Health Action International-. Habiendo además intervenido por parte de la campaña NO ES SANO representantes de Médicos del Mundo, la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, la Organización de Consumidores y Usuarios, la Sociedad Española de Salud Pública, la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, Salud por Derecho, No Gracias y Universities Allied for Essential Medicines.

El trabajo comienza reflejando la realidad de la situación del cáncer en España-que coincide con la que Discovery DSALUD lleva explicando y denunciado desde hace 20 años- y confirma que año tras año el número de casos de cáncer no desciende sino que aumenta. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2016 el 27’5% de las muertes (112.939) se debieron a tumores, principalmente de pulmón (22.187) y colorrectal (15.802) seguidos a gran distancia por los de páncreas (6.789), mama (6.477) y próstata (5.752). Siendo el cáncer la principal causa de muerte incluso entre los jóvenes de 1 a 14 años (28.4%) así como entre los adultos de 40 a 79 (44.5%). Registrándose en el año 2015 247.771 casos nuevos (148.827 en hombres y 98.944 en mujeres).

Aumento constante de muertes que no ha llevado a dejar de usar fármacos oncológicos por los que los estados pagan auténticas burradas de dinero sino a abonar aún más por ellos llegándose a precios desorbitados. De hecho entre 2003 y 2013 el precio medio se duplicó pasándose de 4.500 dólares por mes a más de 10.000. Es decir, se ha pasado de pagar 54.000 dólares anuales por tratamiento a 120.000.

La gran industria está esquilmando sin pudor en todo el mundo a los estados atizando la hoguera de terror social para que la ciudadanía acepte angustiada cualquier precio que se ponga a sus ineficaces fármacos tras convencerla -falsamente- de que son no ya la mejor sino la única opción posible.

Ello explica que el gasto global mundial en tratamientos oncológicos siga creciendo y haya pasado de 107.000 millones de dólares en 2015 a 113.000 millones en 2016. De hecho se espera que el mercado oncológico crezca entre un 6% y un 9% anuales hasta 2021 cuando el volumen de ventas alcanzará los 147.000 millones de dólares. Según el informe World Pharma de 2017 “la Oncología seguirá siendo la terapia dominante en 2022 con un crecimiento anual esperado del 12.7% anual y unas ventas que alcanzarán los 192.200 millones en 2022. El crecimiento en Oncología hasta 2022 estará centrado en los medicamentos Keytruda, Revlimid y Opdivo con contribuciones de los lanzamientos esperados de Imfinzi -de AstraZeneca- y Epacadostat -de Incyte Corporation- para compensar el impacto de biosimilares en marcas clave como Herceptin y Rituxan, de Roche”.

Según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2017 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el área oncológica es también en España la de mayor crecimiento -más de un 17%- suponiendo el 23,8% del mercado hospitalario debido al lanzamiento de nuevos fármacos dirigidos a dianas celulares específicas, los medicamentos inmunooncológicos, la aparición de nuevas indicaciones, la mayor esperanza de vida y el diagnóstico temprano. Y se prevé que seguirá creciendo por los nuevos lanzamientos e indicaciones. Los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, experimentaron un incremento del gasto del 13% entre 2014 y 2015.

En 2017 el gasto total en fármacos hospitalarios en España fue de 6.448 millones de euros estimándose que alcanzará los 11.300 millones en 2021. Siendo según el Ministerio de Sanidad 4 de los 15 principios activos de mayor consumo en hospitales medicamentos para el cáncer Trastuzumab, Rituximab, Bevacizumab e Imatinib. Solo esos cuatro le costaron al estado en 2015 la friolera de 490’5 millones de euros. En cuanto a los subgrupos farmacológicos para el tratamiento del cáncer el mayor gasto de 2015 se produjo en anticuerpos monoclonales (497’8 millones) e inhibidores de la proteína quinasa (353’4 millones).

Farmaindustria “respondió” al informe de NO ES SANO señalando que el gasto en medicamentos para el cáncer supone para la sanidad pública española en torno al 10% del gasto farmacéutico total (público y privado). Según afirma en 2014 de los 66.826 millones de euros de gasto sanitario del conjunto del Sistema Nacional de Salud 1.656 correspondieron a gastos oncológicos: un 35% para fármacos y un 65% en atención primaria, diagnóstico, hospitalización, cirugía, radioterapia…

¿GASTO ÚTIL O INÚTIL? 

Llegados a este punto es evidente que entramos en un ámbito discutible: el de decidir si se justifica que un estado -no alguien a título particular- pague miles de euros por cada semana o mes que prolonga la vida de una persona. Y eso asumiendo que quienes lo logran lo hacen a costa de vivir sus últimos días con pésima calidad de vida y a menudo en entornos hospitalarios alejados de sus seres queridos. Porque contra lo que se afirma gratuitamente los fármacos usados por los oncólogos NO CURAN EL CÁNCER; quienes afirman tal cosa MIENTEN.

En 2014 se publicó en Estados Unidos un estudio que demostraba que 48 de los nuevos fármacos oncológicos aprobados por la FDA entre 2002 y 2014 solo aumentaban la supervivencia global del paciente algo más de dos meses. Hablamos del trabajo Unintended consequences of expensive cancer therapeutics—The pursuit of marginal indications and a Me-too mentality that stifles innovation and creativity (Consecuencias no deseadas de las costosas terapias para el cáncer: la búsqueda de indicaciones marginales y una mentalidad de ‘demasiado yo’ que ahoga la innovación y la creatividad) cuyo primer firmante es T. Fojo y se publicó en JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.

Trabajo en el que puede leerse: “La mayoría de los oncólogos considera la magnitud de estos beneficios inaceptables según una publicación reciente que informa de las recomendaciones de cuatro grupos de expertos sobre enfermedades específicas convocados por el Comité de Investigación del Cáncer de ASCO con el fin de ‘considerar el diseño de futuros ensayos clínicos que produzcan resultados importantes para los pacientes (es decir, significativa mejora de la supervivencia, de la calidad de vida o de ambos)‘. Los objetivos fueron deliberadamente elegidos como modestos y por tanto alcanzables para asegurar su relevancia. Pues bien, de acuerdo con estos criterios, ¿cuántas de las 71 terapias aprobadas por la FDA en los últimos 12 años habría cumplido con estas o similares normas? Pues solo los resultados de 30 de los 71 aprobados -el 42%- pueden considerarse ‘clinicamente significativos’ a pesar de los modestos objetivos del Comité de ASCO”.

En pocas palabras, el informe denuncia que se aprueban y pagan medicamentos que ni siquiera cumplen con la mínima eficacia exigida por los propios oncólogos.

Por si esto fuera poco en 2017 se publicó en el British Medical Journal el trabajo de un equipo encabezado por la investigadora del Departamento de Salud Global y Medicina Social del King’s College London Courtney Davis según el cual de los fármacos para el cáncer aprobados en Europa entre 2009 y 2013 casi la mitad no ha demostrado lograr beneficios clínicos. Estudiados 48 fármacos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento para 68 indicaciones diferentes durante el período 2009-2013 se comprobó -tras seguirlos de media 5’4 años- que solo 35 (el 51%) lograban una mejora de la supervivencia o de la calidad de vida. «La mayoría de los medicamentos llegaron al mercado sin evidencias de que aumentasen la supervivencia o la calidad de vida. Tres años y tres meses después seguía sin haber evidencias concluyentes de que pudieran prolongar o mejorar la calidad de vida y cuando hubo mejoría de la supervivencia sobre otras opciones de tratamiento o sobre un placebo fueron a menudo marginales”. Añadiendo luego: «Aprobar medicamentos caros sin beneficios clínicamente significativos por sistemas de salud que los financian con fondos públicos puede perjudicar a los pacientes además de desperdiciar recursos importantes que impiden luego prestar una atención equitativa y asequible».

El trabajo que comentamos se titula Availability of evidence of benefits on overall survival and quality of life of cancer drugs approved by European Medicines Agency: retrospective cohort study of drug approvals 2009-13 (Evidencia disponible de los beneficios de supervivencia general y calidad de vida de los medicamentos contra el cáncer aprobados por la Agencia Europea del Medicamento: estudio de cohorte retrospectivo de aprobaciones de medicamentos 2009-2013). Y dio lugar posteriormente a la publicación en el propio British Medical Journal de un artículo de opinión del oncólogo y profesor de la Universidad de Oregón Vinay Prasad titulado ¿Los medicamentos contra el cáncer mejoran la supervivencia o la calidad de vida? en el que éste decía: “Aunque estamos aprobando medicamentos contra el cáncer a un ritmo rápido pocos llegan al mercado con buenas evidencias de mejorar los resultados para el paciente. Y si lo hacen a menudo son beneficios marginales que no se dan en los pacientes heterogéneos del mundo real. La mayoría de los fármacos contra el cáncer aprobados se basan en criterios secundarios débiles o no probados y los estudios posteriores a la comercialización rara vez validan su eficacia y seguridad al valorarse lo que obtiene realmente el paciente. Agréguese a ello que el coste promedio de los medicamentos contra el cáncer supera los 100.000 dólares por año de tratamiento y la conclusión es que el sistema regulatorio no parece funcionar. En Estados Unidos este sistema implica grandes gastos en fármacos contra el cáncer de clara toxicidad y beneficio incierto”.

¿QUIÉN PAGA? ¿CON QUÉ CRITERIOS? 

Como se sabe la industria farmacéutica justifica sus altos precios en la necesidad de hacer frente al enorme coste de las investigaciones que se requieren pero la fijación de los precios de los fármacos según el informe de NO ES SANO responde en realidad a criterios arbitrarios. “El actual sistema global de fijación de precios -se afirma en el trabajo– incentiva que la industria marque los precios de los nuevos medicamentos protegidos por patentes en función de lo que el mercado pueda soportar para obtener el máximo beneficio posible. Y si bien esta es la manera de fijar el precio en mercados de intercambios abiertos y competitivos cabe preguntarse si también es la forma correcta de hacerlo en mercados de oligopolios donde el comprador principal es el estado y con productos que son vitales para la supervivencia de las personas”.

Lo primero que habría que señalar es que son muchos los expertos que no están de acuerdo con que el precio se fije en función del presunto coste de la investigación porque también en este ámbito existe opacidad absoluta sobre los datos. De hecho mientras un estudio del Tufts Center for the Study of Drug Development de Boston (EEUU) cifra el coste de desarrollo de un nuevo fármaco en torno a los 2.800 millones de dólares la Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDI) calcula que el coste de desarrollo de una nueva molécula es como máximo de 170 millones… y teniendo en cuenta también las pérdidas en moléculas fallidas.

En el ámbito de la Oncología Vinay Prasad publicó en noviembre de 2017 en JAMA un trabajo sobre los diez fármacos más vendidos en el que asevera que “el coste de desarrollar un medicamento contra el cáncer es de 648 millones de dólares, cifra significativamente más baja que las estimaciones anteriores. Con una mediana de 4 años desde la aprobación el ingreso total por ventas de esos 10 medicamentos desde su aprobación ha sido de 67.000 millones cuando el gasto total en investigación y desarrollo fue de 7.200 millones (de 9.100 millones si se incluye el 7% por costes de oportunidad)”. El trabajo estima de hecho que las compañías recuperan sus inversiones en menos de 4 años al generar con su comercialización unos ingresos diez veces superiores al de gastos en I+D.

El trabajo se titula Research and development spending to bring a single cancer drug to market and revenues after approval (Gastos de investigación y desarrollo para llevar un solo medicamento contra el cáncer al mercado e ingresos después de su aprobación) y deja claro que el coste de desarrollar fármacos oncológicos es mucho menor de lo que se alega.

Además la industria obvia que gran parte de la inversión en nuevos fármacos la asumen en realidad los sistemas públicos de salud. Un estudio -citado en el informe de NO ES SANO- que ha analizado los ensayos clínicos iniciados entre 2006 y 2013 registrados en la International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) -organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- concluye de hecho que en los países más desarrollados el 51’6% de los ensayos no los financió la industria.

Y es que en este ámbito casi todo es opaco. Como bien dice el trabajo Medicamentos para el cáncer: altos precios y desigualdad actualmente no es posible conocer los costes reales de las investigaciones porque son secretos. Y es que a la protección de comercialización bajo el monopolio de la patente se añade la exclusividad de los datos y otros incentivos lo que permite que las compañías fijen el precio máximo estimando solo lo que el comprador puede pagar; lo que genera desigualdades entre compradores y fabricantes. Se trata pues de un sistema de fijación de precios que no tiene nada que ver con la innovación y los esfuerzos investigadores. Lo que se hace primero es negociar con los países más ricos -como Estados Unidos- para garantizarse un precio interesante de salida y después negociarlo individualmente con los demás. “Esta estrategia da lugar al lanzamiento secuencial de nuevos medicamentos -se explica en el informe- empezando por grandes mercados y retrasando la entrada en otros más pequeños con menores precios. Precios que se publican sin descuentos por lo que siempre existe el riesgo de que se esté referenciando un precio que no es real y se esté pagando más en unos países que en otros. En suma, los precios de estos fármacos son distintos entre países de renta alta pudiendo las variaciones oscilar entre el 28% y el 38%”. Kafkiano. Pero lo más vergonzoso es que según ese estudio España paga más por algunos medicamentos que países como Francia o Reino Unido.

En nuestro país los precios de los fármacos los fija la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) que preside un representante del Ministerio de Sanidad e integran además representantes de los ministerios de Hacienda y Economía así como los de 3 comunidades autónomas asistiendo en calidad de oyentes los de otras 3 comunidades que van rotando. Tal es el organismo que se encarga además de decidir sobre el reembolso o financiación de cada fármaco, algo que hace sobre inexcrutables criterios de “eficacia y coste”. En ella se acuerda con la industria un precio máximo que después se renegocia en cada comunidad autónoma e, incluso, en cada hospital. Llegándose hoy a tal punto que el propio Tribunal de Cuentas ha denunciado la falta de transparencia de los procedimientos que se siguen en la fijación de precios.

Es más, España podría permitir la explotación de patentes por terceros sin consentimiento del titular si el interés público lo justifica –y así lo han hechos países como India o Colombia- pero nuestros representantes políticos prefieren bailar al son que toca la industria. Y por algo será…

SOLUCIONES

Terminamos indicando que la conclusión del estudio de NO ES SANO sobre el desorbitado aumento del gasto en los tratamientos oncológicos es similar a la que se llegó en las jornadas sobre Gasto farmacéutico y calidad asistencial que organizadas por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y la Consejería de Sanidad de Extremadura se celebraron en Cáceres el pasado 24 de octubre: El gasto farmacéutico y en tecnologías sanitarias –se denunció en ellas– sigue incrementándose (especialmente el de la farmacia hospitalaria) de una manera no proporcional a la salud producida y está poniendo en grave riesgo no solo la sostenibilidad económica del sistema público de salud sino también la seguridad de los enfermos”. Añadiendo: “En la actualidad la falta de políticas claras, junto con la ausencia de control, está dejando el terreno libre a las empresas farmacéuticas y de tecnologías para influir en los distintos ámbitos de decisión que gobiernan el conocimiento de las organizaciones y determinan las decisiones dentro de los sistemas autonómicos de salud. Sin sistemas sanitarios públicos libres de la contaminación de la industria no es posible reducir el gasto farmacéutico”.

¿Y cabe hacer algo? Pues sí. En el documento Medicamentos para el cáncer: altos precios y desigualdad se aportan numerosas recomendaciones para conseguirlo. Recogemos las diez propuestas más significativas  para cambiar el actual modelo:

-Cambiar el actual sistema de fijación de precios para que las decisiones se basen en criterios objetivos sobre los costes reales -investigados y auditados- asumiendo que el beneficio para las empresas ha de ser razonable.

-Evitar la existencia de conflictos de interés entre quienes toman las decisiones.

-Hacer transparentes las negociaciones y el seguimiento de la inversión, especialmente en los medicamentos de alto impacto presupuestario y precios no justificados.

-Investigar y desarrollar medicamentos oncológicos mediante financiación predominantemente pública a fin de lograr buenos productos a precios asequibles.

-Que la financiación pública en investigación de fármacos o tecnología revierta en el estado mediante derechos de licencia o patentes.

-Dotar a nuestros investigadores de los recursos -humanos y materiales- necesarios.

-Hacer transparentes los registros de aquellos productos en cuya financiación y/o desarrollo hayan participado  las administraciones públicas dejando claros sus derechos en las publicaciones que los recojan.

-Mejorar los sistemas de rendición de cuentas sobre el gasto farmacéutico para auditar convenientemente la factura farmacéutica hospitalaria.

-Adoptar un modelo alternativo de innovación con precios controlados y justos.

-Exigir que los resultados de todos los ensayos -tanto positivos como negativos- aparezcan en el Registro Español de Ensayos Clínicos (REEC).

Lástima que entre las recomendaciones no estén la de exigir antes de financiar un producto oncológico que éste demuestre su eficacia curativa, cambiar el modelo de ensayos para permitir algunos menos complejos y costosos pero no por ello menos útiles o la instauración de un sistema que valide de una vez la eficacia en cáncer de productos y terapias no farmacológicas o tóxicas como la Quimioterapia y la Radioterapia.

Francisco San Martín

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